Más de una veintena de municipios vascos se comprometen a elaborar un censo de pisos vacíos y a buscar la forma de penalizarlos

Un total de 23 ayuntamientos vascos se han comprometido con el Departamento de Vivienda a elaborar un censo de pisos vacíos en sus respectivos municipios y a estudiar la forma de penalizarlos con un aumento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Bilbao es la única capital vasca que se ha adherido hasta ahora a esa iniciativa, pero también se han sumado otras localidades importantes como Gernika, Durango, Llodio, Zarautz, Hernani, Tolosa, Bergara, Eibar y Lasarte.

Estos municipios han firmado un convenio con la consejería para impulsar el alquiler de pisos vacíos a través del programa Bizigune del Gobierno Vasco; y para lograr tal objetivo se exige a las corporaciones firmantes que determinen primero cuántos inmuebles se pueden movilizar. A continuación, plantea incrementar el IBI a los pisos que permanezcan desocupados durante un año, aunque si los dueños los reforman para sacarlos al mercado, la licencia municipal de obras les saldría más barata.

El Ayuntamiento de Bilbao se sumó enseguida a esa propuesta, pero las corporaciones de San Sebastián y Vitoria se han mantenido al margen. Ambas capitales han creado sus propias oficinas locales para promover el alquiler, de manera que el programa Bizigune se solapa con ellas.

En realidad, los servicios ofertados en uno y otro caso son diferentes. Los ayuntamientos de San Sebastián y Vitoria hacen de intermediarios entre el propietario y el potencial inquilino, ofreciendo asesoramiento y algunas garantías. En cambio, el Gobierno Vasco alquila directamente el inmueble vacío al particular y, a continuación, lo realquila a un ciudadano inscrito en las listas de Etxebide. El dueño tiene la garantía de que recibirá regularmente la renta y recibirá su vivienda tal y como la entregó en un plazo mínimo de cinco años.

Por su parte, los ayuntamientos que suscriben el convenio de Bizigune tienen que realizar un inventario de los pisos del municipio que permanezcan desocupados durante un año. El indicio principal será que no aparezca nadie empadronado en esa dirección, pero también se admitirán como evidencias los consumos de luz, agua y teléfono, así como las inspecciones de los funcionarios municipales.