El Ministerio de Vivienda busca dar un impulso al mercado del alquiler y conseguir que las empresas puedan levantar y arrendar durante 30 años casas en suelo público para entregarlas después a las administraciones que les cedieron el terreno. Esta iniciativa, sin embargo, requiere la intervención del Ministerio de Economía, el único que puede abordar la reforma de la Ley Hipotecaria que exige el proyecto.
La fórmula ideada por Vivienda consiste en aprovechar suelos propiedad del Estado, de comunidades autónomas o de ayuntamientos para desarrollar en ellos pisos de alquiler. Unas casas que pagarían las empresas privadas, que después obtendrían el pertinente beneficio económico de los alquileres que cobraran por ellas.
El acceso a estos arrendamientos estaría controlado por la Administración correspondiente a través de registros públicos de demandantes o cualquier otro sistema que garantizara la equidad del sistema.
El proyecto es bastante novedoso. La filosofía principal pasa por otorgar libertad total a las empresas privadas para promover y gestionar los alquileres. Ellas construyen, cobran las rentas y se encargan también del mantenimiento de los edificios. El plazo inicial sobre el que se trabaja es de 30 años, tiempo suficiente, según Vivienda, para que los inversores recuperen su dinero y obtengan un beneficio.
