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Los Veinticinco llegan a un acuerdo sobre la reformar del sector del azúcar, cuyo precio caerá un 36%

Las organizaciones agrarias dicen que esta reforma provocará la desaparición de la mitad del cultivo en España

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  • Fecha de publicación: viernes 25 noviembre de 2005
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) llegaron en la tarde de ayer a un acuerdo (sólo Grecia y Polonia votaron que no) para reformar el sector del azúcar. El entendimiento se logró después de tres días de intensas negociaciones, y tras año y medio de protestas en la calle contra la propuesta comunitaria, que fue muy mal recibida por el sector.

La producción de azúcar en la Europa comunitaria está primada, desde hace ya 40 años, con ayudas a la producción y subvenciones a la exportación. Las dos van a desaparecer a lo largo de un periodo de cuatro años, que comenzará a correr en 2006. Se pretende con ello reducir la producción azucarera en la UE y abaratar su precio, desde los 631,9 euros actuales por tonelada (tres veces el precio en los mercados mundiales), a 400 euros en la campaña 2009/2010.

El precio de la tonelada de remolacha azucarera se reducirá de 43,63 euros a 26 euros en el mismo periodo de tiempo. El elemento central de la reforma es la reducción del precio garantizado del azúcar en un 36% (la Comisión proponía un 39%), durante el periodo de cuatro años (inicialmente se contemplaban sólo dos). Las pérdidas derivadas de ese recorte se verán parcialmente sustituidas por una ayuda compensatoria que cubrirá, de media, el 64,2% de la disminución del precio garantizado, y que se hará efectiva a través de un pago desagregado de la producción.

Aquellos países que reduzcan más del 50% de su cuota de producción de azúcar (la de España asciende a 974.000 toneladas, que se obtienen principalmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque hay producciones menores en País Vasco, Rioja y Extremadura), podrán otorgar ayudas adicionales de hasta un 30% de los ingresos perdidos durante un periodo de cinco años.

España y otros tres socios comunitarios obtienen una compensación adicional de 10,7 millones al año, durante cuatro años, por precios derivados "que implican que el recorte real de precios del azúcar en nuestro país sea inferior al 30%", según afirmó la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, quien se declaró "muy satisfecha" con el acuerdo. Espinosa precisó que el primer año de vigencia del nuevo régimen la tonelada de remolacha recibirá una ayuda de 42,65 euros (entre subvención y precio garantizado, frente a los 45,96 actuales), que será de 41,55 euros el segundo año y de 40,44 el tercero.

Según el secretario de organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, la reforma supondrá la desaparición de la mitad del cultivo y de 90.000 empleos en España.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), por su parte, cree también que la reforma es "negativa" para el sector azucarero español, pero considera que incluye compensaciones importantes para el abandono de la producción.

Traición a los pobres

Para las ONG Oxfam Internacional y WWF el acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Agricultura de la UE supone una "traición" para los países más pobres porque, a su juicio, destruirá sus industrias y sus medios de vida, no garantiza el final del "dumping", y tampoco les da un acceso ilimitado a los mercados europeos.

"Los países en vías de desarrollo han sido sacrificados por Europa para alcanzar un acuerdo", afirma Luis Morago, director de Oxfam en Bruselas, quien reclama a la UE que como mínimo pacte un paquete de compensación a largo plazo para mejorar los efectos de la reforma sobre estos países.

Respecto a la rebaja del 36% del precio de referencia, Oxfam dice que es "brusca y excesiva" porque "dañará las economías de muchos países en vías de desarrollo dependientes del azúcar". Además, añade, la decisión de Bruselas permitirá a la UE imponer límites a las importaciones de los Estados más pobres si se incrementan más de un 25% al año. Esto supone una "traición" a la promesa de garantizar acceso libre a partir de 2009. Oxfam y WWF estiman que las pérdidas para estos países podrían llegar a 1.000 millones de euros al año.

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