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Bruselas insta a España a cambiar la fiscalidad de los valores bursátiles por discriminatoria

Si no obtiene respuesta en un plazo de dos meses puede denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 23 marzo de 2002
La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para modificar parte de su legislación sobre el régimen fiscal de las plusvalías de las acciones negociadas en Bolsa, por considerar que es discriminatoria frente a las empresas que cotizan en Bolsas de los demás países de la UE, informó el Ejecutivo comunitario.

Bruselas advirtió que si no obtiene respuesta en un plazo de dos meses desde que España reciba la advertencia, puede denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, porque considera que la ley española es contraria a dos principios básicos de la Unión, la libre circulación de servicios y la libre circulación de capitales.

La Comisión explicó que «las acciones de las sociedades no establecidas en España gozan de un régimen fiscal menos favorable que el aplicable a las acciones de las sociedades españolas». Concretamente, la ley aplicable a las acciones adquiridas antes del 31 de diciembre de 1994 establece que las plusvalías de acciones cotizadas en España tienen un coeficiente de reducción fiscal del 25%, mientras que este coeficiente es del 14,28% para las sociedades que cotizan en otras Bolsas no españolas.

Por otra parte, añadió, para beneficiarse de la reducción fiscal, las acciones no españolas deben haber estado en poder del propietario durante un mínimo de ocho años, mientras que para las acciones españolas este umbral es de cinco años. Por ello, la Comisión Europea opina que la legislación española disuade a los inversores de invertir en acciones de sociedades no españolas y, además, concluye que estas empresas pueden tener más dificultades que las nacionales para obtener capitales en el mercado español.

El Ejecutivo comunitario precisó que no acepta los argumentos de España, especialmente los que señalan que la legislación se aplica de manera «limitada e indistinta» a todos los tipos de inversiones en el extranjero, por considerar que estos «justifican la aplicación de un régimen fiscal menos favorable para las acciones de las sociedades no nacionales».

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