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Castilla y León aplicará el céntimo sanitario en 2012

Se gravará 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 30 diciembre de 2011
La Junta de Castilla y León ha aprobado la aplicación del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, conocido como "céntimo sanitario", desde 2012 con el fin de sufragar la asistencia sanitaria pública, según anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. También aplicarán el Impuesto de Patrimonio, cuya recaudación se destinará a sufragar la Renta Garantizada de Ciudadanía, que es el salario social contra la pobreza que cobran en Castilla y León 6.426 familias.

El "céntimo sanitario" es un impuesto indirecto estatal creado en enero de 2002 -excepto en Canarias, Ceuta y Melilla- que se cedió a las comunidades autónomas. En la actualidad lo aplican nueve autonomías. Castilla y León impondrá el incremento máximo permitido. Serán 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo. La Junta estima que ingresarán 140 millones de euros al año. Quedarán exentos de esta nueva tasa el gasóleo de uso especial que utilizan los agricultores y los ganaderos para su actividad y el gasóleo de calefacción.

Herrera explicó que la decisión de aplicar en Castilla y León el "céntimo sanitario" responde a la necesidad de obtener nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación por las figuras impositivas tradicionales y la "insuficiencia" de los recursos procedentes del sistema de financiación. También admitió que la aplicación del “céntimo sanitario” supondrá un encarecimiento de la gasolina, que pasará de una media de 1,31 euros/litro a 1,36 euros/litro.

En cuanto al Impuesto de Patrimonio, lo abonarán los contribuyentes que superan los 700.000 euros en bienes. El presidente de la Junta de Castilla y León adelantó que este gravamen permitirá ingresar 39 millones de euros, una cantidad "importante" que se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de que las rentas más altas ayuden a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social. Las personas con discapacidad quedarán exentas.

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