El Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), el Consejo General de la Abogacía (CGA) y la Fundación ONCE firmaron ayer un convenio marco para facilitar el acceso a la Justicia de los discapacitados. En virtud de este acuerdo, las personas con minusvalías podrán recurrir a corto plazo a abogados especializados en las cuestiones jurídicas que más afectan a este colectivo y a sus familiares (unos diez millones de españoles en total).
«Las personas discapacitadas podrán recibir asesoría jurídica especial para cualquier proceso, pero sobre todo para los que hemos detectado que más necesitan», explica Miguel Cabra de Luna, de la Fundación ONCE y asesor jurídico del Cermi. A través de las cerca de 60 escuelas de práctica jurídica que hay en España, los abogados conocerán en profundidad la legislación que más atañe a este colectivo. «Les orientarán -dice Cabra de Luna- sobre cuestiones relacionadas con el acceso a la función pública, la declaración del IRPF o sobre otros temas como la incompatibilidad que existe entre diferentes pensiones y prestaciones sociales».
Los discapacitados también recibirán información sobre cómo solicitar una tarjeta de estacionamiento y ayuda para solventar los problemas que pueden surgir con la comunidad de vecinos por la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios. «Hay necesidades jurídicas tan básicas como saber si unos padres pueden solicitar a un colegio un profesor de apoyo o un logopeda para su hijo discapacitado», subraya Cabra de Luna.
En el convenio firmado ayer también se contempla la creación de un observatorio de no discriminación de personas con discapacidad y los 83 colegios de abogados del país asumen el compromiso de atender las necesidades de los letrados discapacitados.
