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Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de distribución de gas canalizado

Se sospechan posibles acuerdos o recomendaciones colectivas sobre la ejecución de diversas actividades cuyo precio está regulado

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 7 octubre de 2011
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha realizado inspecciones en las sedes de la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) y de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), a las que pertenecen las principales empresas de distribución de gas natural y gas licuado del petróleo (GLP), bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas los mercados de distribución de gas canalizado, informa el organismo regulado.

La CNC cree que en el seno de estas dos asociaciones se han podido realizar prácticas anticompetitivas para alinear la actuación sus asociadas respecto a la ejecución de diversas actividades en los mercados de distribución de gas canalizado, cuyo precio está regulado.

La inspección, realizada el 6 de octubre, se ordenó en el marco de un expediente sancionador incoado el pasado 6 de octubre de 2010 contra SEDIGAS por un posible acuerdo o recomendación colectiva contraria al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistente en la elaboración de un informe con una propuesta de tarifas para las inspecciones periódicas de gas natural y su posterior remisión a las comunidades autónomas.

El 22 de julio de 2011, tras estudiar la documentación recogida en el expediente y obtenida durante la instrucción del mismo, se amplió la incoación del expediente de referencia, de modo que, desde entonces, las actuaciones se extendieron también a la AOGLP y la conducta investigada de SEDIGAS se amplió a la realizada en el ámbito de todas las inspecciones periódicas de instalaciones de gas canalizado (gas natural y gas licuado del petróleo).

Durante la instrucción del expediente, la CNC dice que ha tenido acceso a determinada información relacionada con otros posibles acuerdos o recomendaciones colectivas sobre la ejecución de diversas actividades cuyo precio está regulado, que podrían ser igualmente contrarias al artículo 1 de la LDC.

Competencia recuerda que las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

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