Algunas de las medidas incluidas por el Gobierno en la reforma de la Ley Hipotecaria para abaratar los contratos, y favorecer así el acceso a una vivienda, han encontrado el rechazo frontal de las comunidades autónomas. En el paso del anteproyecto al proyecto de ley, las autonomías han presionado hasta eliminar varias ventajas fiscales que, de recuperarse, generarían ahorros cercanos a los 1.100 euros en un contrato tipo.
Los ciudadanos que constituyen una hipoteca, sean particulares o promotores, han de abonar el impuesto por Actos Jurídicos Documentados (AJD), que tiene un tipo medio del 1%. Un tributo que recaudan las comunidades autónomas y que cada año aporta a sus arcas casi 7.000 millones de euros. En el anteproyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Economía, se señalaba que la base del tributo sería el principal del crédito. Esto es, el dinero concedido por la entidad.
Principal + intereses
Sin embargo, debido a la presión de los gobiernos regionales, en el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a las Cortes la base se ha sustituido por la denominada «responsabilidad hipotecaria», mucho más gravosa para los ciudadanos. Incluye el principal más los intereses ordinarios y de demora durante un periodo de dos o tres años, los gastos y las costas.
Esta fórmula multiplica por entre 1,5 y 2,3 el tributo por el dinero prestado. Además, en un entorno de tipos de interés al alza, ese ratio no deja de crecer. A más base, más dinero sale a pagar.
El proyecto de ley ha iniciado ya su tramitación parlamentaria
Tomando como referencia una hipoteca de 150.000 euros y la base imponible es el principal (los mismos 150.000 euros), el impuesto asciende al 1% de ese dinero. Esto es, 1.500 euros. Pero para ese mismo préstamo, si se aplica la responsabilidad hipotecaria calculada, por ejemplo, como los 150.000 euros multiplicados por 1,75 (262.500 euros), el abono por Actos Jurídicos Documentados asciende a 2.615 euros.
Abaratar las hipotecas
El proyecto de ley ha iniciado ya su tramitación parlamentaria. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda estos días que el Ejecutivo lanzó la reforma con la intención de abaratar las hipotecas. «Ventajas que se han reducido bastante», subraya Enrique García, portavoz de la asociación. «Los ciudadanos acaban pagando un 10% más de impuestos y costes cuando compran su casa, que es un momento crítico de sus vidas», añade.
Incluso los promotores, que dado el gran volumen de sus hipotecas pueden negociar a la baja su responsabilidad hipotecaria a diferencia de los ciudadanos, reclaman la incorporación de ese ahorro. La Asociación Hipotecaria Española (AHE), que representa a bancos y cajas, también ha criticado la «desaparición» del mencionado ahorro en el proyecto de ley.
El anteproyecto contaba también con la exención del gravamen por AJD en las novaciones modificativas (las renegociaciones de los créditos), punto que tampoco ha llegado al texto definitivo. El Gobierno ha destacado que la reforma sí abarata los créditos, pues recorta las comisiones máximas por amortización anticipada o subrogación de préstamos a interés variable del 1% al 0,5%. Además, reduce un 40% los costes notariales y registrales de la hipoteca media.
