El nuevo sistema de ventas de automóviles implantado en Europa hace un año ha provocado un fuerte enfrentamiento entre los distribuidores españoles -3.139 concesionarios y 5.194 agencias o servicios oficiales- y la docena de marcas instaladas en el país, hasta el punto de que los primeros han llegado a denunciar cancelaciones «masivas» de sus contratos al amparo de una nueva normativa que pretende, en teoría, fortalecer la independencia de los operadores del mercado y mejorar la competencia. El primer efecto de ese controvertido reglamento comunitario es que, al menos, una quinta parte de los concesionarios -un negocio que da trabajo a unas 161.000 personas en España- podría verse obligado al cierre, si no opta por convertirse en agentes comerciales con menor margen (6% de comisión frente al 8% de los primeros) y condiciones distintas.
A menos de dos semanas (el 1 de octubre) de que expire la prórroga dada por la Comisión Europea para que las cláusulas de los contratos entre las marcas de coches y los concesionarios se ajusten al reglamento de distribución, más de una tercera parte de los profesionales de la distribución desconoce si renovarán sus contratos y, llegado el caso, en qué condiciones lo harán.
Lo único en que coinciden las marcas, según la valoración de la patronal (Anfac), y los concesionarios es que habrá «un reajuste determinante» en el sector, del que los segundos se consideran «los más perjudicados», tras haber sido «presionados» para «firmar contratos inaceptables, contrarios al Reglamento». Fuentes de los fabricantes niegan que se hayan producido «chantajes», al tiempo que justifican la «incertidumbre» por el retraso en llegar a acuerdos en que se ha definir «toda una política comercial, con una perspectiva distinta del trato al consumidor».
