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El aumento del recibo de la luz tendrá en cuenta la renta familiar y la potencia instalada

El Ejecutivo quiere que el precio del agua incluya su limpieza y saneamiento

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 13 diciembre de 2006
El Gobierno tiene previsto enviar esta semana a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la propuesta de tarifa eléctrica para el próximo año, pero aún no tiene el tema cerrado, reconoció ayer el vicepresidente económico Pedro Solbes. Lo que sí está claro, según Solbes, es que el recibo de la luz subirá en torno al aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) como media para el conjunto de los hogares, pero el incremento no será el mismo para todas las familias, sino que tomará en cuenta la situación económica y la potencia instalada en los domicilios. Con esta decisión, el Ejecutivo quiere trasladar a los usuarios la idea de que los costes de la energía hay que pagarlos.

Solbes lanzó similar mensaje respecto al agua. Su precio lo fijan los ayuntamientos, pero el responsable económico sugirió que los consumidores empiecen a pagar en este caso, además del transporte, los costes de limpieza y saneamiento. "Tenemos que ir dando señales de manera que los ciudadanos tengan en cuenta que se trata de un recurso escaso y opten por una mejor utilización", declaró el vicepresidente.

Industria valora establecer, junto a la tarifa social, dos o más tramos en función de la fuerza eléctrica contratada

El aumento de la tarifa eléctrica está generando mucha polémica. El objetivo del Gobierno es ir aproximando el precio de la electricidad a los costes reales de cada momento. La diferencia existente es tan grande que no podría solventarse sin un incremento del 30%, de manera que, según reconoció el ministro, "la aproximación va a llevar su tiempo".

Según Solbes, la regulación heredada de los anteriores gobiernos, que decidieron congelar en un 2% las subidas de tarifa que podían aplicar las compañías eléctricas, no era la óptima, lo que se ha traducido "en un mercado menos atractivo y en que numerosos operadores han vuelto a acogerse a la tarifa regulada".

La idea en la que trabaja el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pasa por establecer, junto a la tarifa social -que tienen contratada cerca de 200.000 clientes de bajos recursos-, dos o más tramos en función de la potencia contratada.

Se da la circunstancia de que, hasta ahora, las compañías han venido promoviendo justo lo contrario: que los consumidores domésticos pidieran potencia más que suficiente para cubrir las demandas de sus electrodomésticos, incluso para utilizarlos simultáneamente.

Garantizar la competencia

Ante la pregunta de si es partidario de acuñar un sistema eléctrico liderado por empresas grandes, el vicepresidente económico indicó que todo depende del modelo por el que se opte. "Si todos los países optan por modelos de grandes empresas, todos tendremos que optar por esa vía, aunque éste no es el modelo que necesariamente garantiza más competencia", matizó.

Solbes aseguró que una gran parte de las potencias de la eurozona han optado por modelos energéticos diferentes para introducir competencia. Así, señaló que el Reino Unido ha apostado por la liberalización absoluta para introducir competencia de verdad, "teniendo empresas relativamente pequeñas". A su juicio, este modelo ha funcionado, ya que se ha mantenido un coste relativamente bajo de la energía, gracias a que ese país dispone de recursos naturales energéticos importantes. En el polo opuesto, el vicepresidente aludió a Francia, que ha apostado porque una gran empresa pública sea la que ejerza el dominio sobre el sector, lo que en teoría serviría para introducir competencia, "aunque no ha sido así en la práctica", señaló Solbes.

La opción española "es la peor de todas porque no vamos ni hacia un modelo ni hacia otro. Nosotros ni hemos decidido tener una gran empresa ni tampoco tenemos una gran posición, por lo que las empresas que están en el mercado pueden ser compradas por cualquiera", lamentó el vicepresidente.

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