La creciente pujanza de las entidades de reunificación de deudas ha llevado al Defensor del Pueblo a dar la voz de alarma sobre un negocio no controlado por el Banco de España. La institución que dirige Enrique Múgica anunció ayer que ha iniciado una investigación ante el Ministerio de Industria y se declaró «especialmente preocupada» por la falta de control administrativo en la que desarrollan su actividad estas empresas.
El Defensor destaca que estas compañías han proliferado en los últimos años y que su negocio resulta «difícil de describir», lo que ha contribuido a la confusión de los ciudadanos. Reclama por ello que se vean sometidas con urgencia a un «estricto régimen» que regule su actuación y pide que el organismo supervisor pase a vigilarlas. De ello depende, según alertó, la seguridad económica de un elevado número de familias y de pequeños negocios, ya que estas entidades han captado una gran cantidad de deudas en los últimos tiempos.
La subida de los tipos de interés ha provocado que muchas familias endeudadas tengan problemas para llegar a fin de mes. Esta situación ha disparado la actividad de las entidades de reunificación, que prometen un pago único mensual inferior a la suma de los anteriores. Su práctica más habitual es hipotecar la propiedad del cliente o renegociar su hipoteca para pagar las otras deudas, aunque también conceden créditos para realizar la consolidación.
El plazo de amortización aumenta, con lo que el importe de la cuota se reduce. Pero al prolongarse la duración del crédito, los intereses son mayores y puede darse la situación de que al final del préstamo se hayan abonado más intereses que capital.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que estas empresas, al igual que las de créditos rápidos, dan servicio a los clientes más apurados, pero a cambio de los precios más altos del mercado. La asociación destaca que la reunificación de deudas resulta más cara que negociar directamente la ampliación o modificación de las condiciones del crédito con el banco o caja de ahorros.
Uno de los problemas que provoca la falta de control administrativo es que se desconoce el número de entidades de este tipo que operan en el país y las cantidades que facturan. El Banco de España lo más que ha hecho ha sido prohibir a alguna utilizar la nominación «banco» en su nombre, ya que está reservada para las entidades supervisadas.
