España seguirá en recesión hasta 2011. Lo dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha realizado una nueva revisión de sus pronósticos, tan sólo tres meses después de la última. Sus nuevas previsiones son, si cabe, aún más pesimistas.
El FMI estima que el Producto Interior Bruto (PIB) español caerá un 3% este año y otro 0,7% en 2010, frente a la contracción del 1,7% y del 0,1%, respectivamente, que había augurado en enero pasado. Con esto viene a decir que la recuperación no comenzará hasta 2011.
El Ejecutivo contempla una contracción del 1,6% para este año y un crecimiento del 1,2% en 2010
Este pronóstico es muy similar al realizado a comienzos de abril por el Banco de España y está muy lejos de los cálculos del Ejecutivo, que contempla una contracción del 1,6% para este año y un crecimiento del 1,2% en 2010.
El informe del Fondo también se alinea con las tesis del Banco de España respecto al desempleo, al asegurar que afectará al 17,7% de la población activa en 2009 y alcanzará el 19,3% en 2010, es decir, 4,5 millones de parados.
Bajón inmobiliario
En el caso español, a la inestabilidad financiera internacional y el retroceso de la producción en Europa y Estados Unidos durante los últimos seis meses, se une el bajón interno del sector inmobiliario, que debe continuar todavía «de forma considerable», y sus precios caer otro 15% en términos reales, según vaticina el organismo internacional.
El FMI considera inevitable la fusión de algunas cajas de ahorros por su dependencia del sector inmobiliario
A la banca española, el FMI le augura un año «muy difícil» y considera inevitable la fusión de algunas cajas de ahorros por su dependencia del sector inmobiliario. También anuncia un aumento de los préstamos dudosos por la crisis del mercado de la vivienda, lo que obligará a la banca a adoptar planes de contingencia.
Las cajas de ahorros urgen al Gobierno a la aprobación de un fondo de capitalización, un instrumento de rescate, e incluso demandan la preparación de un plan de contingencia por si la situación de la economía real se agrava. Los bancos, en cambio, estiman suficiente el recurso a los Fondos de Garantía de Depósitos, aunque también creen que ha llegado el momento de actuar.El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, dijo ayer durante un Encuentro Financiero que habría que exigir responsabilidades al Banco de España si, finalmente, el coste de recursos públicos que conlleva la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) supera con creces los 1.200 millones de la valoración inicial que hizo de las necesidades de esta entidad. Recordó que la fusión con Unicaja fracasó porque la caja andaluza reclamaba una aportación de 3.000 millones, que el Fondo de Garantía de las Cajas no afrontó a la vista de la evaluación de la autoridad monetaria.Quintás diseñó un esquema para delimitar el terreno de la intervención pública, basado en los niveles de solvencia. A las entidades en dificultades quedarían reservadas actuaciones como los avales a la emisión de títulos preferentes, y se procedería al rescate -a ser posible, mediante integraciones- de las no viables. El presidente de la CECA advirtió de que nadie en el sector financiero español, ni tampoco los bancos, está ahora a salvo de problemas. “Me gustaría que alguien, aunque no lo diga, esté haciendo un plan de contingencia ante riesgos catastróficos, que los hay”, dijo Quintás, aunque matizó que son “de bajísima probabilidad”.Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, descartó “catástrofes en el sistema financiero español”. Reconoció, no obstante, la necesidad imperiosa de una reestructuración si se quiere hacer frente a la “desconfianza e incertidumbre”. En este sentido, defendió un modelo de actuación basado en los Fondos de Garantía de Depósitos, ahora dotados exclusivamente con la contribución de los distintos sectores.“Usemos las aportaciones de capital público -abogó Martín- para fortalecer el sistema en su conjunto, no para salvar entidades individuales”. “Y que quede claro que ninguna entidad debería ser liquidada, sino aprovechada para contribuir a crear otra de mayor potencia para crear riqueza y bienestar”, puntualizó. De manera que “si se inyecta capital en una entidad, debe precisarse desde el principio que deberá devolverlo”.
