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El Gobierno investigará el patrimonio para evitar fraudes en la atención a la dependencia

Sólo podrán optar a recibir una ayuda económica, con alta en la Seguridad Social, los cuidadores familiares con determinados requisitos

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: lunes 23 enero de 2006
El copago de los servicios de atención a la dependencia se hará en función de la renta y del patrimonio, pero se estudiará el "de años atrás" para evitar fraudes y que haya personas que traspasen sus bienes a la familia para pagar menos, según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

En una entrevista, Caldera explica que el objetivo es que las prestaciones y los servicios sean "profesionales", con lo que sólo podrán optar a recibir una ayuda económica, con alta en la Seguridad Social, los cuidadores familiares con determinados requisitos, como no contar con una red próxima por vivir en el ámbito rural o tener excesivas dificultades para el empleo por su edad o su falta de formación.

"Ese no debe ser el sistema normal", insistió el ministro, tras señalar que "lo lógico es que una persona desee tener su actividad laboral" y que se busca también "no retener a las mujeres en su casa".

Impedir la picaresca

Para Caldera, el fraude sería «lo más grave y lo más injusto» del futuro Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, y, aunque considera que "la inmensa mayoría de los españoles son honestos", advierte de que la ley impedirá la picaresca en el copago. Con la futura ley, dice el ministro, el usuario pagará de media un tercio del coste, aunque la horquilla puede ir desde el 10% hasta el 90%, según la renta.

Según recordó, ya hay legislación autonómica, con la que, por ejemplo, si la persona quiere acceder a una residencia y ha pasado su patrimonio a sus hijos cinco años antes, se trata esa transacción como no válida y se considera que afecta al pago del servicio.

En enero de 2007, unas 200.000 personas que necesitan atención permanente serán las primeras en beneficiarse de la ley

La orientación básica de la norma es que las personas permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible, con prestaciones como la ayuda a domicilio, realizada por personal cualificado, o los centros de día; además habrá plazas de residencia de carácter permanente para discapacitados físicos y psíquicos.

Sector privado

Tras recordar que hoy quien necesita asistencia lo paga todo, Caldera apuntó que, la cuarta posibilidad de la ley (que se prevé enviar al Parlamento en mes y medio) serán las ayudas a los cuidadores familiares y habrá una quinta, también aplicable en el caso en que no haya suficiente red de servicios, que consistirá en dar un ayuda económica vinculada a la compra del servicio acreditado en el mercado.

Los servicios y prestaciones del sistema que recibirá el ciudadano serán tanto públicos como privados concertados y, de hecho, Caldera auguró un importante peso del sector privado, como ocurre en la actualidad.

Los dependientes graves, unas 200.000 personas que necesitan atención permanente, serán los primeros en beneficiarse de la ley, y comenzarán a recibir las prestaciones desde el 1 de enero de 2007.

El ministro se mostró muy satisfecho con el apoyo recibido de los agentes sociales, los mayores y los discapacitados; aseguró que su intención es dialogar con todo el mundo. Dijo que para el Gobierno, el gasto que supone la ley es "perfectamente asumible" con el crecimiento económico del país y que sólo requiere destinar más dinero al gasto social y menos a otras partidas; "cada Comunidad -dijo Caldera- decidirá lo que crea conveniente, pero, desde luego, el Estado no va a subir los impuestos".

Respecto a la petición formulada desde varios sectores para que la ley incluya a los niños de entre 0 y 3 años, excluidos del anteproyecto, destacó que ese es el criterio internacionalmente aceptado, aunque garantizó que si hay un niño con una discapacidad que no esté cubierto por los servicios sociales o sanitarios no quedará al margen del sistema de dependencia.

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