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El Gobierno nacional recurre la ley del Impuesto Bancario Extremeño

Otra norma recurrida será la ley del Suelo y Ordenación Territorial de la región

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 23 marzo de 2002
El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley extremeña del Impuesto Bancario, que entró en vigor el 1 de enero pasado y cuyo primer pago se tendría que efectuar a principios del año próximo. El Gobierno nacional estima que no puede tributarse sobre unos depósitos, los bancarios, que no están vinculados a ningún territorio; que con ello las entidades de crédito verán limitada su libertad para emplearlos en otras regiones, y en tercer lugar que la actividad bancaria ya está gravada por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

En el mismo Consejo de Ministros, el Gobierno ha acordado recurrir ante el Constitucional otra norma extremeña: la ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

El Gobierno recuerda que también ha recurrido normativas similares a ésta última, de otras comunidades autónomas, y que los preceptos impugnados están relacionados, entre otros puntos, con el régimen de propiedad de suelo urbano, la valoración del suelo y la expropiación forzosa. En los dos recursos el Ejecutivo pedirá al Constitucional que aplique el artículo 161.2 de la Constitución, por el que las leyes autonómicas recurridas por el Gobierno central quedan en suspenso, al menos durante cinco meses, mientras el tribunal decide sobre el fondo del asunto. La ley del Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito grava a éstas (bancos, cajas de ahorro y cajas rurales) por el dinero que capten dentro de la Región, a fin de vincularlo al desarrollo de Extremadura.

30 millones de euros al año

La Junta estima que la recaudación rondará los 30 millones de euros al año (5.000 millones de pesetas), mientras que Izquierda Unida no cree que se superen los 7,36 millones (1.225 millones de pesetas). El tributo, según el Gobierno nacional, significa que una Comunidad adopta medidas fiscales sobre bienes situados fuera de su territorio, ya que los depósitos bancarios «no se encuentran en la oficina, ni necesariamente en el ámbito territorial de la comunidad donde se captaron», pues «una vez depositados pierden su identidad».

Por otro lado, las entidades financieras verían limitado su derecho a la circulación de capitales: si no quieren soportar la carga del impuesto deberán destinar ese dinero a inversiones dentro de Extremadura. El tercer argumento es que el impuesto extremeño incide sobre una actividad -la captación de depósitos u otros fondos reembolsables-, que ya está gravada por el impuesto local de Actividades Económicas, lo que vulnera el régimen constitucional de distribución de competencias. Si se admite a trámite el recurso, la ley entrará en suspensión durante cinco meses y después el Constitucional decidirá si la mantiene hasta que dicte sentencia -lo que puede demorarse varios años- o permite la aplicación de la ley hasta entonces.

La Junta se defenderá

El consejero extremeño de Economía, Industria y Comercio, Manuel Amigo, anunció ayer en Don Benito que la Junta recurrirá la decisión por la vía judicial, y criticó al Gobierno central y al Partido Popular extremeño. «No nos ha sorprendido el recurso, aunque teníamos la esperanza de que, por una vez, el gobierno de la derecha española se decidiera a enfrentarse a los poderosos, a la banca, y se pusiera del lado de la mayoría, de los ciudadanos». «Nunca una ley que grave a las grandes empresas será del agrado de un gobierno que tiene como fin la defensa de los poderosos, por encima de los intereses de la mayoría»

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