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El Gobierno retrasa a 2011 la prohibición para que los ayuntamientos puedan endeudarse a largo plazo

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre, las entidades locales no podrán solicitar créditos públicos o privados a largo plazo que les ayuden a financiarse

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: lunes 24 mayo de 2010

En virtud del real decreto publicado en el BOE, se establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector administraciones públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones. La norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas. El decreto, que ahora deberá convalidarse por parte del Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones. Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).

Además, entre las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.

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