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El Gobierno unificará el Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria

El Ejecutivo también tiene previsto un proyecto de Ley de Atención al Consumidor que regulará el funcionamiento de las oficinas de atención al usuario de las empresas

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 16 marzo de 2012

La unificación del INC y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, además, permitirá la participación de las asociaciones de consumidores en el ámbito de los alimentos, y aumenta su capacidad de actuación en pro de los consumidores, defendió el departamento dirigido por Ana Mato.

Por otro lado, Mato expuso ante los responsables de Consumo de las comunidades autónomas, reunidos en la Conferencia Sectorial de Consumo, que el Gobierno va a abordar en breve un proyecto de Ley de Atención al Consumidor. Entre otras medidas, regulará el funcionamiento de las oficinas de atención al usuario de las empresas. Se establecerán criterios claros de información y transparencia que deben ofrecer las empresas en la fase precontractual y también en las reclamaciones y para la solución de conflictos cliente-empresa.

Una de las novedades que incluirá la Ley de Atención al Consumidor será que los procedimientos de reclamación podrán realizarse siempre vía telefónica y, en esta modalidad, se ofrecerá siempre como primera opción la atención personalizada, no mediante dispositivos de voz. De esta forma, se facilitará el acceso de usuarios mayores o de otros colectivos con alguna dificultad para comunicarse a través de estos dispositivos.

En la conferencia sectorial también se acordó el desarrollo de un nuevo modelo de factura eléctrica, con posible ampliación a otros campos de consumo de energía. El objetivo es hacerla más transparente para que los consumidores conozcan mejor los conceptos por los que se les factura y ayudarles así a gestionar mejor sus necesidades.

La ministra de Sanidad anunció además que se prestará un especial interés a los consumidores de productos financieros, muchos de los cuales se han visto seriamente afectados por las consecuencias de la crisis, en especial en lo referido a las denominadas "participaciones preferentes". Mato ha asegurado que el Gobierno revisará los procedimientos de contratación de este tipo de productos financieros, para que exista una obligación clara por parte de las entidades bancarias de facilitar toda la información necesaria a los ciudadanos. "Queremos eliminar la letra pequeña", ha señalado la ministra. De esta forma, a la hora de tomar una decisión, el consumidor tendrá pleno conocimiento de los compromisos que asume con el banco o con la caja de ahorros.

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