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El presidente de la CNE advierte de la posibilidad de que se produzcan nuevos apagones en verano

Aboga por una metodología de tarifas estable para que las empresas puedan planificar sus inversiones

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 6 marzo de 2002
El presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Pedro Meroño, advirtió ayer de la posibilidad de que se produzcan nuevos cortes de suministro eléctrico este mismo verano, y hasta en invierno, si se repite la coincidencia de problemas sufridos en estas estaciones durante el 2001.

Durante su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Meroño abogó por la existencia de una metodología de tarifas estable, que evite criterios discrecionales, con el fin de que las empresas sepan cuánto ingresarán y puedan planificar así sus inversiones.

Las comunidades con los índices más altos de cortes de luz hasta septiembre de 2001 fueron Andalucía, que registró un TIEPI (tiempos de interrupción de la continuidad del suministro eléctrico) de 1,50 horas, seguido de Cataluña, con 0,52; Madrid ,con 0,12; y Galicia, con 2,44 horas. La media nacional se situó el año pasado en 0,22 horas.

Ley extremeña

Por otro lado, la Junta de Extremadura aprobará a finales de abril una ley de calidad del suministro eléctrico, que contempla multas de hasta 3 millones de euros contra las compañías que dejen sin suministro a la población sin que exista motivo suficiente para ello.

Así lo aseguró ayer, también en el Senado, el vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, quien indicó que esta normativa se implantará vía ley, por lo que el Gobierno "deberá acudir al Tribunal Constitucional si no está de acuerdo".

Las eléctricas consideran que el Real Decreto de la Generalitat sobre suministro eléctrico en Cataluña y el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno extremeño "constituyen normas viciadas de inconstitucionalidad".

Según un informe jurídico elaborado por la patronal eléctrica Unesa, en el que se pide al Gobierno que adopte medidas, estas normativas contravienen los artículos 149.1.13 y 25 de la Constitución.

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