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El responsable de Mundo Mágico tendrá que acreditar la situación económica de la firma por orden de la Audiencia Nacional

Se investigan numerosas denuncias contra esta empresa por estafas relacionadas con multipropiedad

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 3 marzo de 2006
El fundador y máximo accionista de la empresa con sede en Benalmádena (Málaga) Mundo Mágico Tours S.A. tendrá que presentar en el plazo de cinco días la documentación de las cuentas corrientes de la sociedad para "acreditar la situación económica de la empresa", según requirió ayer el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga las numerosas denuncias contra esta firma por estafas relacionadas con multipropiedad.

Al denunciado se le preguntó el pasado martes por su relación con las sociedades "y sobre todo por el destino de las cantidades" abonadas por unos 1.800 matrimonios para disfrutar de vacaciones en régimen de tiempo compartido, cantidades que, en algunos casos, llegaron hasta los 12.000 euros, según informó el letrado de la Asociación de Consumidores Afectados por Mundo Mágico (Acama), Damián Vázquez.

Si bien el denunciado "le echa la culpa" al banco con el que tenía el acuerdo de financiación, el abogado de la acusación particular indicó, en declaraciones a los periodistas, que "no es una explicación, puesto que recibió millones de euros, además rápidamente, que han ido a algún sitio que no es a los clientes que pagaron sus vacaciones".

Las denuncias por parte de Acama fueron presentadas inicialmente en un juzgado de Torremolinos (Málaga), pero, tras plantearse una cuestión de competencia, el Tribunal Supremo decidió que fuera la Audiencia Nacional la encargada de instruir este procedimiento, en el que ya se han celebrado declaraciones previas de trabajadores de la empresa, otros administradores y las personas que firmaban los contratos. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se aglutinan las denuncias de toda España, impulsó el pasado verano la instrucción de las diligencias previas incoadas por un supuesto fraude de firmas de multipropiedad.

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