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El Senado prepara nuevas medidas para garantizar la transparencia en las adopciones internacionales

Reconoce que en España operan entidades ilegales de adopción que nada tienen que ver con las agencias acreditadas

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 31 octubre de 2003
La Comisión Especial sobre Adopción Internacional del Senado ha anunciado que prepara un informe en el que se propondrán novedosas medidas (jurídicas y administrativas) para garantizar la transparencia y evitar "resquicios" en los procesos de adopción. La presidenta de esta Comisión, Belén Fernández-Delgado, reconoce que se tiene conocimiento de que en España operan entidades ilegales de adopción que nada tienen que ver con las agencias acreditadas.

No obstante, señala que los senadores "carecen de documentos y denuncias que lo certifiquen", aunque son conscientes de la situación a través de "comentarios verbales". "Hace unos días se nos puso en conocimiento la existencia de un despacho de abogados en Albacete que se dedicaba a tramitar adopciones -señala Fernández-Delgado- y la Comisión informó para que se procediera a una investigación porque no es labor nuestra llevarla a cabo".

Esta situación -también denunciada por las agencias legalmente acreditadas- viene provocada por la posibilidad de que en algunos países la adopción pueda ser tramitada por los padres sin la intervención de una Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI), lo que mueve a algunas asociaciones o entidades a ofrecer servicios para gestionar los trámites (abogados, traductores...) como si fueran agencias autorizadas pero sin estar acreditadas legalmente para ello.

En este sentido, Fernández-Delgado advierte de que "ninguna ECAI española cobra más de 12.000 euros por tramitar una adopción" y señala que cuando se cobran cifras superiores "podríamos estar hablando ya de tráfico de niños". Una cuestión en la que coincide el portavoz socialista en la Comisión, Ángel Díaz Sol, quien considera que "hablar de 27.000 euros por una adopción legal es exagerado", y que además insiste en la necesidad de una revisión de la situación actual sobre la que existe un amplio consenso dentro de la Comisión.

Asimismo, la Comisión reconoce la actual descoordinación en materia de adopción internacional en nuestro país, una situación que provoca que "algunas agencias que han sido desautorizadas en una comunidad autónoma por irregularidades, operen en otra diferente sin problemas". Una desautorización que la comunidad estima conveniente tras observar irregularidades como no haber conseguido una adopción y haberla cobrado, falta de solvencia, infraestructuras o ausencia de transparencia en las cuentas.

Los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión coinciden en que la legislación actual no se adecua a la importancia del fenómeno ni a la cantidad de facetas que presenta. Por ello, entre las propuestas que se barajan está la creación de una nueva ley de adopción, la revisión de la ley del menor o la creación de una agencia nacional de adopciones.

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