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El Supremo anula ayudas concedidas a ocho organizaciones de consumidores para defender a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa

El Alto Tribunal obliga a las asociaciones pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios a devolver 1,3 millones de euros otorgados por el INC

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  • Fecha de publicación: miércoles 27 febrero de 2008
Una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de enero, que se hizo pública ayer, declara nula de pleno derecho la segunda partida económica entregada para la defensa de los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa a las asociaciones pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). El fallo del Alto Tribunal obliga a estas organizaciones a devolver un importe total de 1,3 millones de euros.

Las dos grandes sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa aseguraban a sus inversores una alta rentabilidad mediante la adquisición de sellos sobrevalorados. Ambas fueron intervenidas por la Audiencia Nacional a primeros de mayo de 2006.

Representación y defensa judicial

Las ayudas para la defensa de los perjudicados fueron concedidas por el Instituto Nacional del Consumo (INC) en marzo de 2007, y corresponden al segundo y último plazo de asignaciones concedidas por un valor total de dos millones de euros y aprobadas por el trámite de urgencia en el Real Decreto 613/2006 de 19 de mayo, diez días después de la intervención judicial de las filatélicas. El decreto indicaba en un apartado, ahora anulado por el Supremo, que la Administración General del Estado decidía contribuir a la financiación de los gastos por el apoyo a la representación y defensa de los intereses y derechos de los afectados.

La sentencia revoca parte del decreto de ayudas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros hace 21 meses

Concretamente ocho asociaciones tendrán que reintegrar las cuantías recibidas "ilegalmente", ya que el Supremo considera que la Ley General de Subvenciones 38/2003 "prohíbe subvencionar los gastos de procedimientos judiciales".

Los dos millones de euros concedidos para todas ellas estaban repartidos en una primera partida de 700.000 destinados al asesoramiento, la gestión documental y la atención telefónica, y una segunda de 1,3 millones destinada a la representación y defensa judicial de los perjudicados.

Las ocho agrupaciones beneficiadas que tendrán que devolver el dinero concedido son ADICAE (526.205 euros), OCU (237.190), UCE (153.551 euros), FUCI (121.894 euros), ASGECO (82.537 euros), CECU (69.833 euros), CEACCU (64.404 euros) y UNAE (44.382 euros). Los importes estaban distribuidos en función del número de afectados que representaba cada una de las asociaciones.

Reacciones

Tras la sentencia, ADICAE ha manifestado que optó a la subvención de 526.205 euros "con plena legitimidad ante una convocatoria en la que acreditó la máxima representatividad entre el colectivo de afectados". Esta asociación, que reunió a 72.157 inversores perjudicados por la estafa en su plataforma, declara que "en cualquier caso e incondicionalmente seguirá llevando a cabo en defensa de los afectados".

Por su parte, la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez de Sola, pidió ayer explicaciones al Ministerio de Sanidad y Consumo sobre esta anulación, que coloca en una situación "comprometida" a las asociaciones de consumidores pertenecientes al CCU.

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha indicado que "no está justificado" que el Estado compense económicamente a los afectados por la presunta estafa. "Si alguien compra algo y paga por ello, mediante un contrato privado, una cantidad inadecuada no está justificado que el Estado le compense la variación en el precio", declaró.

Las asociaciones que recibieron las ayudas tendrán que devolverlas, según fuentes jurídicas, aunque algunas de ellas recurrirán el recurso. El recurso contencioso-administrativo que ha motivado esta decisión fue interpuesto por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), con el argumento de que esos fondos "ayudaron a lucrarse y enriquecerse" a unas organizaciones concretas mientras se "discriminó" a aquellos ahorradores que preferían agruparse "por libre" o a través de otros colectivos. Una opinión parecida tenía la Federación de Asociaciones de Consumidores en Acción (FACUA).

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO:

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha hecho pública una nota en la que destaca que el Tribunal Supremo ha declarado sólo “parcialmente nulo” el real decreto por el que el Gobierno de España regulaba la concesión de subvenciones de dos millones de euros en 2006 a las asociaciones de consumidores y usuarios “para asesoramiento y apoyo” a los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa. En concreto, el fallo afecta a la partida de 1,3 millones de euros “concedida en concepto de gastos de procedimientos judiciales”.

La sentencia, no obstante, considera legal la actuación de la Administración pública en cuanto a la concesión de 700.000 euros a las asociaciones más representativas, es decir, a las integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios, para asesoramiento y apoyo a los afectados.

Ausbanc Consumo, que quedó fuera de estas ayudas, interpuso el recurso que ha provocado esta decisión judicial. Sin embargo, según el Ministerio, “el Tribunal Supremo confirma en su sentencia que el real decreto impugnado expresa las razones que justifican que se subvencione a las organizaciones de consumidores más representativas a nivel nacional, que públicamente se ofrecieron a asesorar a los afectados de forma gratuita”.

Consumo remarca que la sentencia del Supremo anula sólo parcialmente la concesión de subvenciones

La redacción de la sentencia recoge que, si los medios de las asociaciones de consumidores y usuarios no son suficientes para hacer frente a un volumen de reclamaciones simultáneo tan elevado como el que se estaba produciendo, “es lógica la opción de que los fondos públicos, siempre limitados, se destinen a aquéllas organizaciones que, por ser las más representativas a nivel nacional, habían de ser receptoras de un número significativamente mayor de solicitudes de asesoramiento”.

Consumo explica que la misión del real decreto parcialmente anulado “aprobado por el Consejo de Ministros de forma inmediata a la intervención judicial dada la urgencia de la situación”, no era otro que prestar apoyo a las citadas asociaciones de consumidores y usuarios. El Tribunal Supremo indica que estas organizaciones habían ofrecido con anterioridad “asesoramiento gratuito a los afectados”. El reglamento aprobado por el Ejecutivo pretendía “dotarlas de medios para hacer frente a una situación excepcional con más de 350.000 afectados”.

“Las organizaciones de consumidores y usuarios integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios han realizado eficientemente el compromiso asumido con los afectados, representando a más 180.000 afectados”, concluye el Ministerio.

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