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El Supremo declara ilegal la facturación de la mayor parte de los servicios con prefijo 906

OCU calcula que el importe a devolver superaría los 900 millones de euros, si bien reconoce que recuperar ese dinero será poco probable

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  • Fecha de publicación: martes 8 julio de 2008
El Tribunal Supremo ha hecho firme la sentencia que en noviembre de 2001 declaró ilegal la facturación de la mayor parte de los servicios ofrecidos hasta entonces a través del prefijo 906 y obligaba a los operadores a devolver los importes de todas esas llamadas. La cantidad que las compañías deberían devolver superaría los 900 millones de euros, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que fue quien interpuso la demanda.

No obstante, la organización de usuarios señaló que el tiempo pasado desde la interposición de la denuncia hace poco probable que los usuarios puedan verse resarcidos de los perjuicios económicos derivados del funcionamiento de estos teléfonos "ilegales". "De nuevo, la extrema lentitud de la justicia ha hecho posible el enriquecimiento injusto de los operadores telefónicos y el perjuicio irrecuperable de miles de afectados", aseguró OCU.

La organización presentó en noviembre de 2001 una demanda contra Telefónica y Uni2 (ahora France Telecom) por los servicios que se ofrecían a través de los teléfonos de tarificación adicional de prefijo 906 (de acceso libre) y que deberían ofrecerse a través del 903 (de acceso restringido para quienes lo solicitaran). El auto del Supremo, que llega casi ocho años después de la presentación de la demanda, declara firme la sentencia del año 2004 del Juzgado de Instrucción número 61 de Madrid, que, según OCU, estimaba la mayoría de sus peticiones.

El citado juzgado estableció la ilegalidad de los servicios 903 (eróticos, de adivinación y ciencias ocultas, de ocio, concursos, tertulias, etc.) que se ofrecían a través del 906 y que eran la inmensa mayoría. Tanto Telefónica como Uni2 recurrieron el fallo de manera inmediata. En abril de 2005, la sección 19 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó casi en su totalidad la anterior sentencia, manteniendo los mismos pronunciamientos, aunque también fue recurrida. Ahora el Tribunal Supremo establece que no proceden los recursos y que la sentencia es firme.

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