España es de los países europeos que más cobra por hacer transferencias bancarias

El descenso que han experimentado desde la llegada del euro es muy inferior al registrado en otros Estados de la zona
Por EROSKI Consumer 12 de enero de 2007

España sigue siendo un país demasiado caro para las transferencias bancarias. Lo confirma una vez más un informe de la Comisión Europea, que en su momento llegó incluso a abrir una investigación porque la situación le parecía abusiva.

Una transferencia internacional dentro de la eurozona le cuesta a un español cuatro euros. Es cierto que el costo ha descendido de forma apreciable desde la introducción de la moneda única. En 2003, por ejemplo, enviar 100 euros a cualquier banco de esos países suponía un desembolso de 19,78 euros; y dos ejercicios antes, de 24,65. El problema estriba en que la cantidad aplicada por las entidades en España era la novena de la UE-15 en 2003 y ahora es la segunda más elevada, sólo por detrás de Grecia, cuyos bancos aplican 12 euros de comisión.

Más caras cada año

Las transferencias domésticas tampoco son baratas. En la mitad de los países miembros de la eurozona, su costo ha permanecido inalterado desde 2001. No es ese el caso de España, Italia y Luxemburgo, donde han crecido. Los españoles son los ciudadanos de la zona euro que pagan más caro este servicio: entre 3,18 y 29,10 euros, aunque la horquilla puede subir más ya que es un porcentaje que se aplica sobre el importe de la operación. Este sistema proporcional tan sólo lo utiliza España en toda la UE, cosa que fue destacada ayer por el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy.

La situación resulta aún más chocante si se tiene en cuenta que los bancos de Bélgica, Alemania, Holanda y Finlandia no cobran comisiones a las transferencias nacionales ordenadas por los clientes a través de medios electrónicos.

Bruselas cree que la banca española ha encarecido las comisiones por las transferencias nacionales para compensar la pérdida de ingresos de las transferencias en la UE.

Respecto a las tarjetas de crédito, las tarifas son también elevadas, aunque menos que en la mayor parte de los socios comunitarios. Las anuales oscilaban entre los 10,21 y 21,34 euros en 2005 -unos tres euros más caras que en 2001-, cuando en Francia, el país más caro para estas prácticas, lo hacían entre 32 y 128 euros.

Comisiones por recibirlas

Mientras el debate permanece abierto, las secretarías de Estado de Cooperación e Inmigración, la Asociación de Banca (AEB) y la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA) acaban de firmar dos acuerdos para aumentar el impacto de las remesas en la financiación para el desarrollo.

Durante el acto, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, dijo que prevé que las cajas no apliquen comisiones por recibir transferencias a sus clientes, si bien reveló que hay varias cajas que han solicitado la autorización para hacerlo, pero «en general no la están aplicando». No obstante, consideró «probable» que, en principio, este tipo de comisiones «sólo se estén cargando a los clientes sin una verdadera vinculación con la entidad».

Es el único país de la UE en el que las entidades bancarias se quedan un porcentaje de su importe

Y el presidente de la AEB, Manuel Martín, afirmó que los bancos aplicarán estas comisiones «cuando el cliente las pida». «Cuando el encargado de efectuar la transferencia decida que no quiere hacerse cargo de el coste de la transacción, o al menos por si solo, será el momento en que los bancos comiencen a aplicarla», explicó Martín. El presidente de la AEB aseguró que «si el cliente lo pide, el banco lo hará. La diferencia es que ahora se puede y antes no».

El Banco de España, que ha autorizado a la banca a cobrar este tipo de comisiones, pidió ya a las entidades financieras que, en caso de aplicar este tipo de cargo, el importe total abonado en el caso de una transferencia con opción de costes compartidos debería limitarse al importe máximo que puede tarifarse al ordenante.

El instituto supervisor precisó que esta nueva comisión no afecta a las transferencias que tengan por objeto el pago de nóminas, pensiones u otro tipo de prestaciones, la devolución de impuestos y a otros pagos similares.

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