• Autor: Por mediatrader
• Fecha de publicación: viernes 10 septiembre de 2004

España ha incumplido sus obligaciones comunitarias al no trasladar correctamente dos artículos de la directiva europea de 1993 que protege a los consumidores de cláusulas abusivas en los contratos que suscriben, según una sentencia emitida ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

El recurso de incumplimiento fue interpuesto por la Comisión Europea después de considerar que no fueron satisfactorias las explicaciones que España dio a este respecto tras ser preguntada por el Ejecutivo comunitario en el año 2000.

Según el Tribunal, el primero de los artículos que incumplió España obliga a que en cualquier contrato firmado con un consumidor las cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible y, que en caso de duda, se favorezca siempre la interpretación del cliente.

Sin embargo, este artículo no se aplica en los casos llamados "de cesación", cuando una persona u organización que represente el interés colectivo recurre a los organismos administrativos competentes para que éstos determinen si una cláusula tiene un carácter abusivo, para que cese su aplicación. La diferencia está en que en los casos "de cesación" se determina el carácter abusivo de una cláusula en general y la decisión se aplica a todos los contratos que se suscriben después.

Por el contrario, en los casos en que se favorece la interpretación del consumidor, se aclara si una cláusula es perjudicial para un cliente en un caso puntual, cuando el contrato ya ha sido establecido. España, cuando trasladó la normativa comunitaria, no precisó que la regla de la interpretación favorable al consumidor en los casos individuales no se aplica en los casos "de cesación".

El segundo artículo en cuestión afirma que la directiva comunitaria debe regir sin importar en qué país se celebra el contrato, y que el derecho local no debe desproteger a los consumidores. Este artículo busca evitar el riesgo que existe de privar al usuario de la protección comunitaria cuando se llevan a cabo los contratos con arreglo al derecho de un país tercero. El Tribunal considera que el ordenamiento jurídico español restringe esta protección al consumidor, obligándolo en ciertas ocasiones a ceñirse al derecho local y no al comunitario.