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Divorcio exprés

La reforma aprobada en julio de 2005 evita el paso previo de la separación y multiplica el número de rupturas en apenas medio año

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 29 marzo de 2006
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La única reforma que ha sufrido la Ley del Divorcio desde que se aprobara en nuestro país en 1981 tuvo lugar en julio del pasado año y los resultados hablan por sí solos. A pesar de que el papeleo a presentar es el mismo, los plazos se acortan considerablemente, lo que ha provocado que el número de rupturas aumente: durante 2005 se rompieron en España 141.424 parejas, un 9,82% más que el año anterior. Según el INE, en estos momentos se presentan un 80% de demandas de divorcio, frente a un 20% de demandas de separaciones. ¿A qué se debe este cambio? Con la nueva normativa se mantiene la figura de la separación para aquellas parejas que la soliciten, pero no es un requisito previo, esta es la principal novedad. Ahora se puede solicitar directamente el divorcio transcurridos tres meses desde el matrimonio, esta es la razón por la que el número de rupturas se ha multiplicado en apenas seis meses. No obstante, esta reforma no ha quedado exenta de polémica, principalmente porque se cuestiona la regulación de la custodia compartida, presentada por un lado como un gran avance pero que, en la práctica, sólo se reconoce cuando existe mutuo acuerdo entre los cónyuges.

Otras novedades

La reducción de los plazos a la hora de presentar la demanda de divorcio también se ha traducido para las parejas en una reducción del coste. Si antes un matrimonio debía desembolsar un mínimo de 2.500 ó 3.000 euros en los procesos de mutuo acuerdo, esta cantidad se ha dividido ahora a la mitad (1.200 ó 1.500 euros), al reducirse también a la mitad el proceso. Por su parte, cuando no hay acuerdo entre la pareja y acuden a juicio para definir los términos del divorcio (proceso contencioso), la ruptura puede suponer más de 2.000 euros. Pero además, la reforma de la ley ha introducido otras novedades que, si bien no han influido en un menor coste económico, sí han propiciado una disminución del coste moral.

Causas de divorcio. La ley de 1981 obligaba a quien presentaba una demanda de divorcio a exponer los motivos de ésta. Así, durante al menos un año, debía producirse el “cese efectivo de la convivencia conyugal“, o bien era necesario justificar la ruptura debido a una infidelidad, por ejemplo. Desde el pasado año, la norma no exige una causa concreta para solicitar el acuerdo, basta con que una de las dos partes lo pida para que se conceda.

Tareas compartidas. La reforma de la ley supuso también la modificación del artículo 68 del Código Civil, que obligaba a los cónyuges a “vivir conjuntamente, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente” y, desde julio de 2005 les obliga además a “compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”.

Reconciliación. En este sentido, se modificó el primer párrafo del artículo 84 para considerar a la reconciliación como el proceso “que pone término al procedimiento de separación” y que obliga a la pareja a informar al juez encargado del litigio de esta decisión.

Desequilibrio económico. Se redactó de nuevo el artículo 97 de la ley para introducir la figura de la pensión compensatoria y que “el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio”, tenga derecho a una compensación. Esta pensión puede consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, es decir, que uno de los cónyuges la puede abonar al otro en un solo pago.

Fondo de garantía de pensiones. Cuando el padre o la madre al que se obligue a pagar el alimento de los hijos no cumpla con esta obligación, el Gobierno se encargará de los gastos gracias a las creación de un Fondo de garantías de pensiones, que también hará frente al impago de la pensión compensatoria, a través de una legislación específica que concreta el sistema de cobertura.

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