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Fijar un 906 como única forma de contactar con un servicio técnico puede ser publicidad engañosa, según el INC

Consumo advierte de que esta práctica puede perseguirse y sancionarse como un fraude

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 5 agosto de 2003
Establecer teléfonos con prefijo 906 como única forma de contactar con los servicios de asistencia técnica para solicitar una reparación podría considerarse como publicidad engañosa y, por tanto, perseguirse y sancionarse como un fraude, según un informe del Instituto Nacional de Consumo (INC) publicado hoy.

El informe señala que la utilización de este tipo de números provoca un incremento de coste innecesario que no responde a la prestación del servicio buscado y solicitado, ni, en consecuencia, retribuye ningún servicio adicional efectivamente prestado.

La consideración de esta práctica como un supuesto de publicidad engañosa se deriva de la Ley General de Publicidad, que define como tal "la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor".

Dicha ley añade que también es engañosa "la publicidad que silencia datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios, cuando dicha omisión induzca a error a los destinatarios".

El informe indica además que durante el periodo de garantía, la reparación debe de ser totalmente gratuita, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, "lo que sería incompatible con el sistema de comunicación a través de servicios de tarifa adicional, como el de las líneas 906".

En general, dictamina el INC, la utilización de este tipo de números como única vía para contactar con los servicios técnicos podría ser perseguida y sancionada como fraudulenta en virtud de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

Este decreto, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, establece como fraude aquella "información o publicidad que induzca a engaño o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio".

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