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Faltas y delitos fiscales: cuándo prescriben

Se extinguen a los cinco años, aunque una modificación del Código Penal que está en trámite parlamentario podría elevarlos a diez

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 29 abril de 2010

No se recuerda durante diez meses al año, pero en primavera llega la cita con la Agencia Tributaria. De mayo a junio, asaltan las dudas fiscales y la inquietud por conocer cómo actúa este organismo, de qué modo puede perseguir al ahorrador y las posibles sanciones que impone. Ahora que Hacienda ronda las cabezas de numerosos contribuyentes porque hay que completar la Declaración del IRPF correspondiente a 2009, crece la preocupación por conocer las consecuencias de incorrecciones, fallos u omisiones deliberadas en su presentación: qué ocurre si se comete una equivocación, qué sanciones impone el fisco, hasta cuándo se investigan las faltas… Este último aspecto es uno de los más polémicos este año, ya que el Ministerio de Economía y Hacienda, con el ánimo de perseguir todavía más los delitos y las infracciones tributarias, tiene previsto elevar su plazo de prescripción de cinco años a diez.

Penas y multas por delitos e infracciones

Los delitos e infracciones tributarias se tipifican en el artículo 305 del Código Penal. En él, se establece que quien efectúa un delito fiscal contra la Hacienda Pública puede pasar hasta cuatro años en la cárcel y pagar hasta seis veces la cantidad defraudada. Un delito de 130.000 euros puede costar, en función de determinados agravantes, hasta 780.000 euros. Como mínimo, se deberá devolver la cantidad defraudada (desde 120.000 euros), más el interés de demora por el periodo transcurrido desde que se cometió el delito, fijado en el 5%.

Quien realiza un delito fiscal puede perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas

El Código Penal establece que en el caso de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se tendrá en cuenta el año en que se presentó de modo erróneo la Declaración del IRPF. Si el fraude se ha cometido en un periodo inferior a 12 meses, el importe de lo defraudado se calcula en función del año natural. Las mismas penas se imponen cuando el fraude se comete contra la Hacienda de la Comunidad Europea, siempre que la cuantía defraudada exceda de 50.000 euros.

Además de estas sanciones y penas, el Código Penal establece que quien comete un delito fiscal puede perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres a seis años. Quedan exentos de responsabilidad penal los contribuyentes que regularicen su situación tributaria antes de que la Administración les notifique que han cometido fraude. También si lo hacen antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local interpongan una querella o denuncia.

Se considera delito fiscal el fraude por un importe superior a 120.000 euros

En cuanto a su prescripción, el artículo 131 del Código Penal establece que se extinguen a los cinco años los delitos que tengan una pena máxima de prisión de entre tres y cinco años (la pena máxima de prisión del delito fiscal es de cuatro años). Esto indica que pueden investigarse hasta un plazo máximo de cinco años desde su comisión.

El descubrimiento de un delito o falta fiscal

Cuando la Hacienda Pública descubre una infracción tributaria que considera constitutiva de delito, remite el expediente al Ministerio Fiscal. Este órgano pone en marcha unas diligencias de investigación y puede adoptar tres decisiones:

  • Formular una querella

  • Archivar el asunto

  • Entender que no hay delito pero sí infracción administrativa. En este caso, el expediente se devuelve a Hacienda para que se ejecute por la vía administrativa.

Artículo 305 del Código Penal

En este artículo, donde se tipifica el delito fiscal, se establece que se castigará a quien, «por acción u omisión», defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local y elude pagar tributos, cantidades retenidas o ingresos a cuenta de retribuciones en especie. Se entiende que cuando esto ocurre se obtienen de forma indebida devoluciones o se disfruta de beneficios fiscales, «siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros». El castigo comprende «la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía».

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