La Asociación de Internautas (AI) ha hecho público un comunicado en el que solicita la puesta en marcha de normas que protejan a los consumidores de las prácticas fraudulentas de preasignación telefónica, conocidas como «slamming» o cambio de compañía de teléfono sin la autorización del cliente.
La AI asegura haber recibido a lo largo del año más de 400 consultas de usuarios que denunciaban haber sido preasignados de forma fraudulenta a través de distintos métodos: acceso a sus datos personales y bancarios de forma engañosa, falsificación de firmas, envío de contratos no solicitados, visitas de comerciales haciéndose pasar por empleados de Telefónica, etc.
«Estas actuaciones fraudulentas, que se repiten de modo reiterado e incesante, tienen su origen en la falta de unas normas que protejan a los usuarios ante estas prácticas, obligándoles a ir de un operador a otro para que su voluntad sea respetada, así como a sufrir estas molestias sin sanción para el operador que comete el fraude ni indemnización para el usuario, al que se obliga a acudir a los tribunales de justicia si quiere conseguirla», explica la asociación que preside Víctor Domingo.
«La preasignación fraudulenta -continúa- conculca la libre elección de los clientes y, además, les somete a una nueva situación tarifaria que el usuario puede desconocer o no analizar detalladamente, con la consiguiente lesión de sus derechos económicos (planes de descuento, tarifa plana, etc., que quedan sin validez, pasando a ser facturados de acuerdo con las tarifas y franjas horarias del operador preasignado)».
La asociación recuerda al Ministerio de Sanidad y Consumo su responsabilidad en estos hechos, «ya que a él le corresponde tutelar los derechos de los consumidores». Y añade que la actitud de este departamento es «absolutamente complaciente con la del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, basada en la desprotección de los derechos de los usuarios, a pesar de que las cifras oficiales demuestran el incremento del número de reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones».
En opinión de la AI, en estos momentos la Agencia de Protección de Datos es el «único baluarte» de los derechos de los consumidores de telefonía, ya que sanciona a los operadores que han accedido a datos de forma engañosa.
