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La Audiencia de Madrid anula ocho cláusulas de contratos de bancos y cajas de ahorro

Este fallo beneficiará a "miles y miles de personas", según OCU

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 1 junio de 2005
La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado nulas ocho cláusulas incluidas en contratos de bancos y cajas de ahorro, según dio a conocer este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esta asociación denunció en enero de 2003 que 17 de las disposiciones contractuales de cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecas del BBVA, Bankinter, Caja Madrid y el Grupo Santander eran abusivas. Ese mismo año, un juzgado de primera instancia decidió anular diez de estas condiciones y tanto los consumidores como los bancos presentaron alegaciones.

La nueva sentencia confirma que ninguna entidad financiera podrá dificultar que sus clientes conozcan las tarifas y comisiones de gastos que abonarán por sus cuentas corrientes. Tendrán que respetar que los usuarios acudan a los tribunales que les correspondan por domicilio y no se les permitirá obligarles a hacerse cargo de todos los gastos de los procedimientos judiciales.

Asimismo, no podrán eximirse de responsabilidad en los casos de pérdida, sustracción o manipulación de cheques, ni tampoco cuando se produzcan fallos en sus cajeros o en sus aparatos informáticos.

Tampoco podrán reservarse la posibilidad de rescindir un contrato de préstamo hipotecario por cualquier causa ni hacer vencer un crédito cuando se deniegue la inscripción de la escritura, aunque la no inscripción sea culpa de la entidad.

La Audiencia Provincial, en cambio, ha considerado legales otras nueve cláusulas. Entre ellas, la falta de responsabilidad de bancos y cajas en los casos de pérdida o robo de tarjetas y libretas. Reconoce también que las entidades pueden retirar las hipotecas si no se paga una sola de las cuotas.

Desde OCU afirman que la sentencia beneficiará a "miles y miles de personas". No obstante, la asociación tiene previsto recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) porque las cláusulas "salvadas", tanto por el juzgado de primera instancia como por la Audiencia Provincial,"deberían haber sido declaradas ilegales, porque desequilibran claramente los contratos".

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