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La Audiencia de Vizcaya obliga a cuatro bancos a devolver el dinero a 1.500 alumnos de Opening

La sentencia impone que se rompan todos los contratos de créditos que existan relacionados con la academia

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 27 junio de 2006
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha obligado a cuatro bancos a devolver íntegramente el dinero cobrado a 1.500 alumnos de la academia Opening, una "sentencia histórica tras casi tres años de reclamaciones", señaló la Organización de Consumidores y Usuarios del País Vasco (EKA/OCUV).

EKA/OCUV dijo que se trata de la primera sentencia en España en estos términos, aunque "todavía es pronto para ver si sienta jurisprudencia en las denuncias en curso". Los afectados vascos, y sobre todo los 500 vizcaínos defendidos por esta organización de usuarios, serán los primeros en beneficiarse del fallo del tribunal, "eso sí, siempre que tengan créditos de Opening con los bancos, ya que no incluye, lamentablemente, a los que pagaron en efectivo".

En concreto, la sentencia de la Audiencia de Vizcaya impone a las entidades Santander Central Hispano, Banco Pastor, Finanzia Banco de Crédito y Euro Crédito que rompan todos los contratos que existan relacionados con Opening. "Muchos usuarios siguieron pagando las clases que no recibían por miedo a tener algún problema", señala la presidenta de la organización de usuarios en Vizcaya, Berta García. La cantidad media a devolver por persona ronda los 900 euros. Respecto a las listas de morosos, la Audiencia obliga a las entidades a retirar toda la información que haya podido filtrarse a estas bases de aquellas personas que en su día decidieron dejar de pagar los créditos al sentirse engañadas. Los bancos que hayan adoptado estas medidas podrían, además, ser sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al no haber esperado a que se dictara una sentencia sobre el caso.

EKA/OCUV relaciona el caso Opening con el de las sociedades filatélicas Fórum y Afinsa. "Ambos siguen el mismo procedimiento: primero la Administración se alarma y responsabiliza de la situación a las asociaciones de usuarios, quienes con pocos medios han de hacer frente a millones de folios mientras ellos prometen leyes después de que el daño ya se ha producido".

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