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La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad patrimonial de la Administración en el caso de Fórum Filatélico y Afinsa

Asegura que no se puede exigir al Estado la "garantía absoluta" del adecuado funcionamiento del sistema

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 6 febrero de 2010
Fórum Filatélico y Afinsa durante los 25 años que operaron ambas firmas. No se puede exigir al Estado la "garantía absoluta" del adecuado funcionamiento del sistema, mantiene el fallo.

El dictamen concluye que "no puede exigirse a la Administración en el ejercicio de sus facultades de supervisión e inspección una garantía absoluta del adecuado funcionamiento del sistema y que la mera apelación al ejercicio de las referidas facultades no puede constituir título suficiente para la imputación de responsabilidad patrimonial". En este sentido, matiza que atribuir la responsabilidad al Estado "dependerá de las actuaciones que de manera razonable fueran exigibles", dentro del ejercicio de las "facultades legalmente reconocidas para el cumplimiento de sus funciones".

El tribunal hace estas consideraciones en el punto 3.3 de la sentencia, en el que argumenta su rechazo a determinar la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. La sentencia indica que la actividad de las filatélicas era mercantil, por lo que estos dos organismos no tenían obligación de controlar su actividad, y concluye que éstas estaban sometidas a la disposición adicional IV de Instituciones Colectivas de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Los afectados alegaban que la actividad era financiera y que las empresas estaban sujetas al artículo 26 bis de la Ley del Mercado de Valores, aprobado en 1998 y derogado en 2005, que establecía que cualquier captación de ahorro debía estar regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o por la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España.

La sentencia considera también que, en caso de considerar que los contratos de compra-venta de sellos simulaban actividades de naturaleza financiera, la presunta estafa se vio "agravada por la colaboración necesaria de los propios perjudicados". El tribunal añade que "no consta que alguno de los miles de contratantes de Fórum y Afinsa formulara acción alguna de nulidad contractual ante la jurisdicción civil, en contra de su aparente voluntad expresada en los contratos suscritos por dichas entidades". La sentencia recuerda que el artículo 51 de la Constitución Española "no otorga cobertura genérica a una supuesta responsabilidad patrimonial de la Administración de carácter universal frente a cualquier riesgo o daño de que puedan ser víctimas los ciudadanos.

La Audiencia Nacional ordenó la intervención judicial de Fórum y Afinsa el 9 de mayo de 2006, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presunta estafa, derivada de las irregularidades detectadas por Hacienda en 2003. El total de afectados asciende a 460.000 y el agujero patrimonial alcanza los 4.600 millones de euros.

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