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La ley que prohíbe los redondeos recibe hoy el visto bueno del Congreso

Probablemente se rechazará la creación de un Fondo de Garantía de Bienes Tangibles

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 21 diciembre de 2006
El Congreso aprobará en su reunión de hoy la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores, que, entre otras medidas, prohíbe los redondeos al alza y establece el cobro por tiempo real en los aparcamientos. La nueva normativa entrará en vigor en un plazo máximo de dos meses.

La norma llega al pleno del Congreso con una enmienda incorporada por el PP a su paso por el Senado en la que se pide la creación de un Fondo de Garantía de Bienes Tangibles para casos como el de Forum Filatélico y Afinsa. Pero el PSOE la rechazó durante la tramitación en la Comisión de Sanidad y Consumo y probablemente hoy también lo hará.

A nivel general, la norma prohíbe las prácticas abusivas y desleales, como obstaculizar el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos, y prohíbe el cobro por servicios no prestados. Por ello, establece que los aparcamientos deberán cobrar por minutos empleados y entregar al usuario un justificante o resguardo con el día, hora y minuto de entrada.

En lo que a vivienda se refiere, la ley garantiza la libertad de un comprador para no subrogarse a la hipoteca del vendedor, impide el traslado de plusvalías al comprador, y considera abusivas las cláusulas que establecen que éste debe asumir los gastos de conexión a los servicios generales.

La normativa estipula también que los contratos de prestación de servicios como la telefonía móvil deben contemplar expresamente el procedimiento para darse de baja, que debe ser igual de fácil que darse de alta.

Por otro lado, legitima que el Instituto Nacional del Consumo (INC), las comunidades y los municipios puedan demandar el cese de prácticas contrarias a lo establecido por la norma. En este sentido, define que las asociaciones de consumidores que podrán ejercer estas acciones serán las que están representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y las autorizadas por las legislaciones autonómicas en su ámbito territorial.

Estas asociaciones deberán además mantener la independencia en sus actuaciones, no realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios, y no percibir ayudas económicas o financieras de las empresas que suministran bienes o servicios a los usuarios.

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