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La Ley Tributaria suavizará las sanciones cuando haya acuerdo con Hacienda

Aquellas que se paguen dentro del periodo voluntario establecido para ello tendrán una rebaja del 25%

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  • Fecha de publicación: sábado 31 mayo de 2003
El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley General Tributaria en la que se establece un nuevo marco de relaciones entre los contribuyentes y Hacienda más suave que el actual en los conflictos que se resuelvan de mutuo acuerdo entre las partes, pero con un régimen sancionador más duro en el caso de las reincidencias en el delito de fraude fiscal. "Se trata de que sea más fácil cumplir con los deberes fiscales y más difícil defraudar", recordó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presentar la norma tras el Consejo de Ministros.

Esas mayores facilidades para el contribuyente con problemas, se resumen en una rebaja general del 25% en las sanciones que se paguen dentro del periodo voluntario establecido para ello, que puede convertirse en un recorte de hasta el 50%, si lo que se dilucida es un conflicto sobre una diferente interpretación de la norma a aplicar, y se llega a firmar un acta de acuerdo para ello. El Consejo de Estado había mostrado ciertas dudas sobre la constitucionalidad de las denominadas "actas de acuerdo", porque pueden condicionar la actitud del contribuyente. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda se advierte de que esas dudas desaparecen si se tiene en cuenta que se trata de procesos voluntarios, que sólo obligan a quienes lo aceptan previamente.

Además de este nuevo instrumento fiscal, la nueva ley amplia de quince días a un mes el plazo para recurrir una decisión administrativa en materia fiscal, y establece que todas las consultas que se realicen a la Agencia Tributaria, serán vinculantes para ésta.

Una de las novedades de la norma es la regulación, por primera vez de forma concreta, del abuso de ley, es decir, de la utilización de las normas fiscales para un fin diferente del que fueron establecidas, y con la única finalidad de lograr algún ahorro en el pago de impuestos u otro tipo de ventajas.

La recomendación inicial de los expertos fue la de establecer incluso una sanción para estos casos, pero la redacción final de la norma, una vez atendidas las peticiones y opiniones de muchos colectivos cercanos a este ámbito y del Consejo de Estado, ha eliminado la multa, aunque prohíbe tales prácticas como "conflictos en la aplicación de la norma tributaria", por utilizar procedimientos "impropios y artificiosos".

Para evitar la excesiva judicialización de los conflictos tributarios por pequeñas cuestiones de forma, la norma crea unos "órganos unipersonales" ante quienes se expondrán las alegaciones para que tomen una decisión al respecto en no más de seis meses. También se pretende que los recursos que se presenten por los contribuyentes se hagan ante los órganos que han denunciado la irregularidad, dado que se demuestra que en un 60% o 70% de los casos, las explicaciones dadas se admiten, se da la razón al contribuyente y revoca su denuncia anterior sin más recursos ni esperas.

Los responsables de Hacienda consideran que la nueva ley reducirá el elevado número de litigios que cada año se generan entre particulares y Administración por la diferente interpretación de las normas tributarias dispersas, que están entre 150.000 y 200.000 al año. Es por ello que se establece una interpretación administrativa unitaria, la definición de procedimientos más ágiles y concretos para cada caso, y la tipificación concreta y exacta de lo que son infracciones leves, graves y muy graves, con sus correspondientes sanciones.

Hasta ahora, las infracciones tributarias se basaban en el hecho de no pagar a Hacienda lo debido, pero con la nueva filosofía de la norma se pretende centrar todo en la ocultación de datos al Fisco, según señalaron las recomendaciones del grupo de expertos que se creó para elaborar la nueva ley.

Habrá una sanción leve cuando no haya intención de ocultar datos, sino que se olvidan o no se conocía la obligación de darlos. Pasará a ser grave cuando los datos se oculten con la intención de reducir el coste fiscal de algún hecho imponible, mientras que en el capítulo de las muy graves estará también esa ocultación de datos, pero utilizando para ello "métodos fraudulentos con una especial peligrosidad", como las facturas falsas o las sociedades ficticias.

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