La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) realizó 675 investigaciones que destaparon fraudes al sistema por valor de 94 millones de euros un 2010. Las investigaciones abiertas dieron lugar a la instrucción de 219 atestados y más de 740 informes a autoridades judiciales y entidades de la Seguridad Social. Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración también indican que se investigaron 806 personas jurídicas y más de 2.600 personas físicas. Estas actuaciones se resolvieron con la detención e imputación de 1.111 personas, de las que 485 eran ciudadanos españoles y los 626 restantes extranjeros.
La mayor parte de las actuaciones de la SISS estuvieron relacionadas con delitos contra la Seguridad Social cometidos por los responsables de empresas cuando incumplen de forma sistemática la obligación de cotizar, tratan de ocultar la titularidad de las sociedades mercantiles, utilizan empresas interpuestas o testaferros con el fin de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estos supuestos cuando la elusión supera los 120.000 euros en un mismo ejercicio.
También se actuó contra delitos relacionados con la «insolvencia punible», en la que incurren las personas jurídicas cuando tras acumularse deuda con la Seguridad Social, por incumplir la obligación de cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, en la mayoría de los casos con testaferros, con lo que queda fuera la deudora en situación de insolvencia.
Incurren además en esta falta las personas físicas que incumplen de forma sistemática la obligación de cotizar y cuando tienen conocimiento de que por parte de la Seguridad Social se ha iniciado el Procedimiento de Apremio, venden o simulan la venta de sus bienes, lo que deja al deudor en situación de insolvencia.
Falsificaciones documentales
Otro de los delitos más recurrentes es la falsificación de documentos de cotización. Se produce cuando los responsables de empresas, que actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, tratan de acreditar ante las empresas contratistas que se encuentran al corriente de sus obligaciones de pago con la Seguridad Social, cuando en realidad son deudores de dicho organismo.
Se detectaron además, falsificaciones documentales en relación con el alta y afiliación de trabajadores y estafas llevadas a cabo por empresas «ficticias», sin actividad real, que simulan mantener relación laboral con trabajadores, a quienes dan de alta en la Seguridad Social a cambio de cantidades de dinero, sin que exista prestación de servicios y sin que en ningún caso efectúen cotizaciones de seguros sociales, para la obtención indebida por éstos «trabajadores» de prestaciones de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal, o en otros casos, contratos de trabajo simulados que permiten a ciudadanos extranjeros regularizar su situación legal en España.
