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La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana denuncia a siete aerolíneas por vulnerar derechos del usuario

Estas compañías no informan con claridad sobre las partidas incluidas en el apartado de tasas o impuestos

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: jueves 12 enero de 2006
Las compañías aéreas Virgin, Iberia, Air Europa, Vueling, Easy Jet, Ryanair y Air Berlin han sido denunciadas por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ante el Instituto Nacional de Consumo. Estas aerolíneas están vulnerando el artículo 13 de la Ley General de defensa del Consumidor y 1258 del Código Civil, según consideran desde esta organización.

La vulneración se debe a "que las compañías citadas no informan detalladamente y con claridad de los conceptos que incluyen dentro del apartado de tasas o impuestos", según un comunicado la Unión de Consumidores. Por ello, ha solicitado al Instituto Nacional de Consumo que, conforme al artículo 51 de la Constitución Española, investigue estos hechos y lleve a cabo las medidas necesarias encaminadas a que el mercado de los servicios prestados por las compañías aéreas sean transparentes y respetuosos con los derechos de los consumidores.

Tras un estudio que esta asociación llevó acabo en noviembre de 2005 sobre diferencias de precio en los vuelos, detectó que dentro del concepto "tasas o impuestos" las compañías aéreas aplicaban cantidades distintas y diversas. Asimismo, estas compañías no facilitan una información clara y específica al consumidor, con las partidas desglosadas que se incluyen dentro de impuestos, tasas y cargos. Además, aquéllas que sí los detallan lo hacen en inglés, cuando deberían estar redactadas en el idioma del país del consumidor solicitante.

La organización se ampara para su queja en el artículo 13 de la Ley General de Defensa del Consumidor, que establece que la información debe ser comprensible, y en el artículo 3 de la Constitución Española, que proclama el uso de la lengua española o de las comunidades autónomas. Ambos preceptos obligan a que la información sea clara y transparente para el consumidor, especificando las condiciones económicas y jurídicas del contrato del prestador de servicios.

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