Las ayudas a las familias sin recursos oscilan entre 300 y 616 euros, según la comunidad autónoma

No existe una legislación estatal que establezca una regulación homogénea en todo el país
Por EROSKI Consumer 30 de agosto de 2009

Las cuantías de las rentas mínimas de inserción alcanzan cifras muy diversas, en función de la comunidad autónoma. Al carecer de una regulación estatal homogénea, las regiones tienen potestad para determinar la cantidad de dinero que destinan a las familias en dificultades para que cubran sus necesidades esenciales. Esta cuantía oscila entre los 300 euros que aporta la región de Murcia y los 616 que concede el País Vasco.

Durante el año pasado se destinaron en todo el país 442.221 millones de euros a estas políticas, una cifra que supone un incremento del 24,7% respecto a la cuantía destinada en 2007. Su objetivo es evitar que las familias con menos recursos económicos caigan en la exclusión social. Son rentas gestionadas por las comunidades autónomas, diferentes a las aprobadas recientemente por el Gobierno para los parados que han agotado su prestación de desempleo.

El promedio estatal de personas que se benefician de esta ayuda se sitúa en 2,47 por cada mil habitantes. Sin embargo, las cifras alcanzan cotas muy diferentes según la comunidad autónoma. En el País Vasco, la media por cada mil habitantes es de 18,41 personas, mientras que en Castilla-La Mancha y Murcia la cifra de titulares de esta renta de inserción representa un 0,2 y un 0,23 por mil.

Las rentas mínimas de inserción forman parte del sistema de ayudas sociales previsto para los colectivos más desfavorecidos. Las personas con problemas económicos que no puedan acceder a este tipo de prestaciones sólo tienen como alternativa la asistencia que brinda Cáritas u otras ONG.

Estas ayudas son diferentes a las rentas activas de inserción, que se enmarcan dentro de las políticas de empleo. Estas prestaciones, reguladas estatalmente, tienen como objetivo incrementar las posibilidades de trabajo de colectivos muy concretos como los discapacitados, las víctimas de violencia de género, los emigrantes retornados o los parados mayores de 45 años.

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