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Las compañías eléctricas piden al Gobierno una subida de tarifas del 5% a partir de 2003

Consideran que necesitan ingresar 600 millones de euros anuales para garantizar el suministro

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 13 marzo de 2002
Las eléctricas quieren que la tarifa de la luz aumente un 5% a partir del próximo año. Así se lo ha hecho saber José María Amusátegui, presidente de la patronal eléctrica Unesa, al secretario de Estado de Economía, José Folgado, al inicio de las negociaciones para garantizar la rentabilidad de las futuras inversiones.

Las compañías argumentan que necesitan ingresar todos los años 600 millones de euros más para afrontar la construcción de nuevas plantas de generación con las que atender al crecimiento de la demanda en los próximos diez años y evitar los apagones. Esto supondría una subida del recibo del 5%, que es lo que el sector estima como exceso en las bajadas de tarifas de los últimos ejercicios.

El Gobierno se muestra, en principio, contrario a esta subida, porque cree que existen muchos proyectos de construcción de nuevas centrales con las actuales condiciones de mercado, lo que invalida las peticiones de las eléctricas. No obstante, admite que es necesario ajustar a las nuevas circunstancias la legislación pactada en 1997.

Por su parte, los presidentes de las eléctricas coinciden en señalar que es necesario modificar cuatro conceptos que sirven de referencia para elaborar la tarifa que pagan los consumidores. El primero de ellos es la revisión de la llamada cuota de potencia, que es la capacidad de generación eléctrica instalada y que no se utiliza habitualmente porque está en reserva y sirve de garantía para cubrir los picos de demanda. Para garantizar la rentabilidad de este margen, fijado en un 25% del parque instalado, el Gobierno estableció que los consumidores pagaran 1,2 pesetas por kilovatio/hora.

El segundo elemento a modificar sería la revisión del precio que el "pool" (mercado diario de compraventa de electricidad) paga por cada kilovatio/hora y que está fijado en 6 pesetas. Si las eléctricas venden por encima de este precio, la Administración no les paga los 6.000 millones de euros que tienen pendientes de cobro por los costes de transición a la competencia (CTC).

Las compañías afirman que este precio fue fijado en 1997, tomando como referencia un incremento de la demanda del 3%, el barril de crudo a 12 dólares y unos bajos tipos de interés. En la actualidad, la subida del petróleo, gas y carbón ha incrementado los costes, por lo que las eléctricas piensan que los consumidores deben asumir estos incrementos.

La remuneración de las inversiones en las redes de distribución de media y baja tensión es el tercer punto. Actualmente ésta se calcula en función de la cantidad de energía que transita por kilómetro, por lo que las inversiones en las zonas rurales no compensan, por eso se han concentrado en las grandes capitales y polígonos industriales. Las eléctricas consideran que para equilibrar la red es necesario un sistema que remunere las inversiones efectuadas, igual que sucede con la red de alta tensión.

Finalmente, el cuarto elemento es eliminar de la tarifa los precios subvencionados que reciben los grandes consumidores.

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