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Las consultas de los contribuyentes sobre el pago de tributos tendrán carácter vinculante

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de la nueva Ley Tributaria

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: sábado 1 marzo de 2003
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El proyecto de Ley General Tributaria, que ayer viernes aprobó el Consejo de Ministros, contempla que todas las consultas que los contribuyentes hagan a Hacienda o a la Agencia Tributaria sobre el pago de impuestos tengan carácter vinculante, es decir, se puedan alegar como legales y de obligado cumplimiento dentro del proceso de que se trate, según confirmaron fuentes oficiales.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó al Gobierno el borrador con la nueva norma, uno de cuyos principales objetivos es unificar los criterios con los que el Fisco actúa con todos los contribuyentes y darle una mayor seguridad jurídica a las relaciones con Hacienda, argumento en el que se fundamenta el carácter vinculante de todas las consultas tributarias.

Junto con esa gran finalidad, la norma pretende agilizar al máximo los procesos recaudatorios y suavizar el sistema de sanciones, para evitar una excesiva judicialización de los conflictos de los ciudadanos con la Agencia Tributaria. Es por ello que se establece una deducción del 25% de la multa a pagar cuando se haga en el periodo voluntario, por un lado, y un descuento de la mitad de la sanción por cometer algún tipo de infracción cuando exista un "acta de acuerdo" entre las partes sobre la aplicación de la ley.

La nueva norma pretende poner al día toda la dispersión de normas que existen en este tipo de legislación en la actualidad, que parte de una ley preconstitucional de 1963, con dos modificaciones en 1985 y 1995, pero que planteaba problemas de interpretación, solapamiento y contradicciones.

Una de las prioridades es reducir el número de litigios que cada año se generan entre particulares y Administración por la diferente interpretación de las normas tributarias dispersas, que están entre 150.000 y 200.000 al año, con el establecimiento de una interpretación administrativa unitaria, la definición de procedimientos más ágiles y concretos para cada caso, y la tipificación concreta y exacta de lo que son infracciones leves, graves y muy graves, con sus correspondientes sanciones.

Hasta ahora, las infracciones tributarias se basaban en el hecho de no pagar a Hacienda lo debido, pero con la nueva filosofía de la norma se pretende centrar todo en la ocultación de datos al Fisco. Habrá una sanción leve cuando no haya intención de ocultar datos, sino que se olvidan o no se conocía la obligación de darlos. Pasará a ser grave cuando los datos se oculten con la intención de reducir el coste fiscal de algún hecho imponible, mientras que en el capítulo de las muy graves estará esa ocultación de datos, pero utilizando para ello "métodos fraudulentos con una especial peligrosidad", como las facturas falsas o las sociedades ficticias.

A pesar de que esa es la regla general, se considera en el informe que servirá para hacer la ley que todas las infracciones que no superen los 3.000 euros serán de carácter leve, salvo si se trata de un caso de retenciones fiscales mal realizadas o anotadas y no pagadas, que siempre se considerará grave o muy grave. Esa calificación de infracciones, que hasta ahora no existía como tal, conlleva diferentes sanciones, muy benévolas con las leves -no pasarán de una multa del 50% de lo que se defraudaba-, y más duras con las graves -entre el 50% y el 100% del fraude- y las muy graves -del 100% al 150%-.

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