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Las eléctricas españolas han cobrado 5.640 millones de euros por el alquiler de contadores sin renovarlos, según IU

La formación pregunta al Gobierno qué va a hacer para que los clientes recuperen lo pagado por una prestación que no han recibido

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: lunes 27 marzo de 2006
Las eléctricas españolas han cobrado 5.640 millones de euros en concepto de alquiler de contadores sin haber hecho frente en ningún momento a la adecuada renovación y actualización de los mismos, asegura IU, que pregunta al Gobierno qué va a hacer para que los clientes recuperen lo pagado por una prestación que no han recibido.

En una batería de preguntas al Congreso de los Diputados, la formación política critica que el Ejecutivo dejó transcurrir 18 años entre la publicación de un decreto de 1984, que incrementó el precio del alquiler de los contadores en una media del 2.200%, y la publicación de la normativa oficial de 2002 sobre la verificación periódica de dichos aparatos.

Sigue sin existir una normativa oficial sobre verificación periódica de contadores

IU lamenta que a pesar del incremento del precio del alquiler, las compañías eléctricas "no procedieron nunca a la adecuada renovación y actualización de sus parques de contadores, pues hasta 2002 no fue publicada en el BOE la normativa oficial sobre la verificación periódica".

Por último, subraya que la publicación de dicha orden se retrasó 18 años pese a "las reiteradas alarmas lanzadas por los fabricantes de contadores y por el Centro Español de Metrología, que advirtió al Gobierno de que era urgente y prioritaria la regulación, por lo que todo el parque de contadores debía quedar regularizado en 1995".

Orden recurrida

Nada más ser publicada en el BOE, la orden de 2002 fue recurrida por las compañías eléctricas, lo que provocó que la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional anulara la orden de 1984 por haberse tramitado sin los preceptivos informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y del Consejo de Estado.

Así, la Audiencia Nacional ordenó la suspensión de la orden de 2002 antes de que se cumpliera el plazo de dos años dado a las compañías eléctricas para retirar los contadores de más de 30 años de antigüedad y a las autonomías para verificar los contadores con más de 10 años.

IU denuncia que a día de hoy, en que han trascurrido casi 22 años desde la entrada en vigor del real decreto de 1984, sigue sin existir una normativa oficial sobre verificación periódica de contadores, pues la orden de 2002 "continúa suspendida al no haber aportado aún el Gobierno los dos informes cuya falta motivó su anulación judicial".

Normativa especifica

Por tanto, las compañías no han podido cumplir dicha obligación porque no existe ninguna normativa oficial que especifique qué debe entenderse por "adecuada renovación y actualización" de un parque de contadores, según IU.

La formación política añade que los 5.640 millones de euros pagados hasta diciembre de 2005 en concepto de alquiler de contadores por los clientes de las eléctricas por una prestación no recibida se incrementan en 500.000 euros cada día que pasa sin que el Gobierno aporte los informes cuya falta provocó la anulación judicial de la orden de 2002.

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