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Los ciudadanos podrán conocer de antemano el coste y la duración de los procesos judiciales

Los grupos parlamentarios aprobaron ayer la Carta de Derechos de los usuarios de la Administración de Justicia

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: miércoles 6 marzo de 2002
Los ciudadanos podrán conocer de antemano el coste y la duración de los procesos judiciales que deban afrontar, e incluso disponer de un documento escrito que avale el cumplimiento de esas previsiones. Éste es uno de los compromisos incluidos en la Carta de Derechos que tendrán todos los usuarios de la Administración de Justicia, documento que fue suscrito ayer por todos los grupos parlamentarios que participan del Pacto de Estado firmado en mayo de 2001 por el Gobierno.

La Carta ha sido consensuada por todos los grupos de la Cámara en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reforma de la Justicia, presidida por el ministro Acebes, quien, en conferencia de prensa, recordó que el objetivo de ese pacto es conseguir una Justicia "ágil, rápida y eficaz" pensando en su destinatario: el ciudadano.

Cooperación

Acebes valoró los contenidos de la Carta y pidió el esfuerzo de todos para que sea una realidad con la cooperación de todos los implicados en la Administración de Justicia, a los que agradeció su colaboración para llevar a buen fin uno de los objetivos básicos del Pacto por la Justicia. El texto, por cuyo cumplimiento efectivo velará el Congreso de los Diputados con "un seguimiento y evaluación permanente", será presentado en los próximos días ante las principales instancias judiciales y colectivos profesionales (jueces, fiscales, abogados...) para conseguir el mayor respaldo posible a los cambios propuestos.

La primera parte de la Carta de Derechos del Ciudadano pretende garantizar que el justiciable disponga de una información "actualizada" sobre la marcha de los órganos judiciales, para lo cual se crearán oficinas de atención al público en todo el territorio nacional. Los políticos también se comprometen a que se pueda usar cualquiera de las lenguas oficiales en una comunidad autónoma, que haya mayor "puntualidad" en las actuaciones y que las resoluciones de los magistrados sean "más comprensibles". También se agilizarán los procedimientos abiertos por errores judiciales o mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

Las víctimas de delitos, los menores, los discapacitados y los inmigrantes recibirán una atención especial, en el caso de los dos primeros para preservar su intimidad y reducir al máximo su presencia en los procesos judiciales. También se habilitarán nuevos medios para que los sordos, mudos y ciegos puedan darse a entender ante los órganos judiciales y comprender la información que éstos les faciliten. Por último, se ofrecen más garantías a los ciudadanos en su relación con los abogados, como conocer de antemano la trayectoria profesional de éstos y sus honorarios.

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