Más del 90% de las administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad

El tiempo medio de pago en España se fija en 103 días, mientras que la media europea llega a 62
Por EROSKI Consumer 9 de noviembre de 2010

Más del 90% de las administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad, aprobada en 2010 y por la cual estas instituciones deben pagar en un periodo máximo de 55 días a sus proveedores. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) informó de que este retraso en los pagos afecta, junto con la morosidad privada, a un 64% de los autónomos, lo que podría hacer que 100.000 de ellos cesaran su actividad en 2011, señaló.

La asociación denuncia en un informe que el tiempo medio de pago tanto del sector público como del privado en España se fija en 103 días, una cifra sólo superada en Europa por Grecia (125 días) y que está muy por encima de la media europea (62 días). El retraso supera incluso los 361 días en el 20,3% de casos en autónomos y microempresas (no más de nueve trabajadores). «De los 34.000 millones de euros que deben las administraciones públicas, un 35% corresponde a autónomos y empresas, es decir, cerca de 12.000 millones de euros. Por ello, pedimos a estos estamentos que contraten solo aquellos servicios que pueden pagar», reclamó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Las administraciones públicas son quienes más tardan en pagar a empresas y autónomos, con un retraso de 158 días frente a los 67 de media en Europa. Mientras, el periodo medio de pago del sector privado se sitúa en 101 días, cuando en Europa la cifra es de 57 días. Para ATA, que ha situado en 200.000 los autónomos y microempresas que han cerrado en los dos últimos años, es imprescindible solucionar esta situación cuanto antes. «Con la nueva ley no solo no se ha conseguido frenar los periodos de pago, sino que se han ampliado. De no poner freno en 2011, podrían ser 100.000 los autónomos que cierren», aseguró Amor.

Entre los sectores que más se han resentido debido a la ampliación de los periodos de pago, el presidente de ATA citó la construcción y los sectores afines como los más afectados junto con el transporte, la educación y los servicios sociales relacionados con la dependencia.

Ante el incumplimiento de la ley, la asociación reclamó la puesta en marcha de la Línea ICO Morosidad con el fin de que los ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas contraídas con los autónomos y las pequeñas empresas. No obstante, precisó que duda de que la propuesta se lleve a cabo, puesto que se incrementaría el déficit público.

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