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Preocupación entre los comerciantes por la aprobación de la futura Ley de Garantías

Modificará algunos aspectos relativos a las responsabilidades del vendedor

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: domingo 16 febrero de 2003
Los comerciantes españoles están preocupados por la futura Ley de Garantías, que se aprobará posiblemente este año en España y que modificará algunos aspectos relativos a las responsabilidades del vendedor, según informaron la Asociación de Empresarios de Automoción (Aega) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam). Estas asociaciones celebraron el jueves una jornada para informar a sus afiliados acerca de los inminentes cambios en el sector a raíz de la entrada en vigor el pasado mes de octubre del Reglamento Europeo de Distribución y la futura ley relativa a las garantías.

Es precisamente esta norma la que suscita más dudas entre los comerciantes, que se muestran en desacuerdo con que el proyecto de ley, actualmente en trámite de enmiendas en el Congreso, amplíe la garantía mínima de los vehículos nuevos a dos años, cuando actualmente es de seis meses. En el caso de los vehículos usados, la garantía también será de dos años, salvo que comprador y vendedor pacten una inferior, que no podrá ser menor de un año.

Javier Escrihuela, experto jurídico de Ganvam, asegura que el proyecto de Ley de Garantías, que es una transposición de una directiva europea de 1999, es un "despropósito". Afirma que, a diferencia del texto elaborado por Bruselas, en España la norma incluye los bienes adquiridos por personas jurídicas o profesionales, por lo que las nuevas garantías afectarían a los vehículos comprados por empresas o autónomos para el desempeño de su trabajo.

Escrihuela señala que el proyecto de ley recoge que todos los daños que surjan en un automóvil nuevo en los seis primeros meses tras la compra, se entenderá que existían en el momento de la adquisición, a no ser que el vendedor demuestre lo contrario. El abogado de Ganvam rechaza estas condiciones que, a su entender, ponen en situación de desventaja a los comercializadores de vehículos.

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