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Sanidad y la Fiscalía General del Estado colaborarán en la protección de los derechos de consumidores y usuarios

Combatirán las actuaciones fraudulentas, mediante la aportación de información relevante para la investigación y persecución del quebrantamiento de los derechos de los consumidores

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  • Fecha de publicación: martes 15 marzo de 2011
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la directora del Instituto Nacional de Consumo, Etelvina Andreu, y la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. La firma de este convenio tuvo lugar en una reunión extraordinaria del Consejo de Consumidores y Usuarios con motivo del 30 aniversario del Día Mundial del Consumidor que se celebra hoy.

Durante su intervención en el encuentro, Pajín señaló que en los últimos años las políticas de consumo se han tornado más preventivas y han dado más importancia a la formación e información de los ciudadanos consumidores. Por otra parte, aprovechó la jornada para informar de que próximamente se llevará al Consejo de Ministros un proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente (Ley SAC). El objetivo de esta futura norma será mejorar la protección de los consumidores en relación con los servicios de atención al cliente, ya que la mayoría de quejas y reclamaciones tiene como elemento común la deficiente atención al cliente.

Con la nueva normativa se garantizarán los derechos básicos de los consumidores y usuarios y se establecerán unos parámetros mínimos de calidad que deberán cumplir los servicios de atención al cliente de las empresas que presten servicios económicos de interés general, aseguró la ministra.

Con respecto al acuerdo firmado con la Fiscalía General del Estado, entre sus principales objetivos figuran prevenir y combatir las actuaciones fraudulentas, mediante la aportación de información relevante para la investigación y persecución del quebrantamiento de los derechos de consumidores y usuarios; impulsar actuaciones judiciales que aconsejen el ejercicio de acciones de cesación o la persecución penal de las mismas; y colaborar en la formación jurídica de técnicos de consumos de las administraciones públicas.

Conde-Pumpido explicó que tiene por objeto agilizar los cauces y la transmisión de información sobre los problemas y colaborar en la formación e intercambio de experiencias. "Este convenio es un gran desafío porque el Ministerio Público tiene la oportunidad de ser el artífice de la legalidad, la defensa del ciudadanos y aporta un valor añadido a nuestra posición de salvaguarda del Estado de Derecho".

Por parte del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Consumo será el organismo encargado de la ejecución de este acuerdo, que tiene una duración de un año y es prorrogable por períodos de igual duración. Se constituirá una comisión mixta para su aplicación, seguimiento y evaluación que estará formada por tres miembros, uno en representación del Ministerio Fiscal, uno en representación del Instituto Nacional de Consumo y otro en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios.

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