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¿Hasta cuándo se puede demorar el pago de las facturas domésticas?

El periodo para abonar los servicios va de los 15 a los 20 días naturales, y las prórrogas sin consecuencias se extienden hasta un mes

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 22 mayo de 2009
Img grifo abierto Imagen: Angel Norris

La nueva coyuntura económica ha propiciado un cambio importante en los hábitos de consumo, algo que puede apreciarse en todos los niveles de la sociedad. El hecho de recortar gastos aquí y allá, suprimir las actividades prescindibles, buscar los mejores precios y, en general, abaratar costes se ha convertido en una filosofía transversal. El temor al endeudamiento se palpa. No obstante, el ahorro y el gasto comparten un rasgo común, y es que ambos tienen un límite. Así como hay un tope para endeudarse (ya sea con préstamos o con créditos), también existe un conjunto de servicios mínimos a los que no se puede renunciar. Y, por mucho que se controle su consumo, cuestan dinero. En este sentido -y con independencia de los alquileres y las hipotecas, que suponen el principal gasto mensual familiar-, no hay nada que exija tanto al bolsillo como mantener en marcha una vivienda.

Las consecuencias

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No abonar a tiempo las facturas conlleva consecuencias, que también varían según el tipo de suministro y la empresa, aunque hay coincidencias, como la suspensión del servicio y los cortes y recargos. En principio, tener una factura doméstica impagada acarrea la suspensión temporal del servicio para evitar que siga aumentando la deuda. De este modo, ante un cliente moroso, la compañía puede actuar cortando totalmente el suministro (cuando se trata del agua, la electricidad y el gas) o limitando la parte del servicio que genera gastos (en el caso del teléfono, por ejemplo, no se impide la recepción de llamadas pero sí su realización). Sea como fuere, el proveedor deberá notificar este paso al cliente antes de darlo. Si el usuario abona lo adeudado, todo vuelve a la normalidad.

¿Y si no? En este caso -y también previa notificación-, la suspensión temporal del servicio se transforma en corte definitivo. El ejemplo de las compañías telefónicas es muy claro: además de restringir las llamadas salientes, también cortan las entrantes, la recepción de mensajes y cualquier otro servicio, aunque sea de carácter gratuito. Normalmente, la medida no es inmediata, pues hay entre 60 y 90 días de margen. Pero, al igual que con los demás plazos, ese periodo de tolerancia puede variar según la compañía.

Las deudas generan intereses y, dependiendo de las cláusulas de cada contrato, las compañías pueden cobrar al cliente cargos o multas por impago

Más allá de los tiempos y de que la suspensión de cualquiera de estos servicios representará un verdadero escollo cotidiano para la familia afectada, hay un tercer aspecto que es importante recordar: el corte total de un servicio trae aparejados otros problemas que no se solucionan con sólo saldar la deuda. El más claro es que, para reanudar los suministros, el usuario tendrá que volver a darse de alta y abonar una nueva instalación, como si fuera a usar el servicio por primera vez. Y, cuando se trata del teléfono, además de pagar la cuota de rehabilitación, es posible que la compañía le asigne un número distinto al que tenía anteriormente, con todos los inconvenientes que eso acarrea. A propósito de gastos extra, también conviene tener presente que las deudas generan intereses y que, dependiendo de las cláusulas de cada contrato, las compañías pueden cobrar al cliente cargos o multas por impago. Ante la duda, lo mejor es revisar el documento que se ha firmado, consultar a la propia empresa o asesorarse con un letrado.

Juicios monitorios y embargos

Tras notificar al usuario su impago, suspender el servicio y cortarlo definitivamente, las compañías pueden recurrir a la Justicia para intentar cobrar lo que se les adeuda. En el caso de estas facturas, cuyos importes no son muy elevados, las empresas utilizan habitualmente los juicios monitorios, que constituyen un procedimiento ágil, rápido y menos litigante que otros, y que sólo puede utilizarse cuando la deuda es inferior a 30.000 euros.

De modo esquemático, la simplicidad del proceso alivia al acreedor de seguir un juicio plenario para intentar cobrar el dinero. Así, sin necesidad de un procurador o abogado, puede iniciar una vía judicial contra el deudor mediante un formulario muy simple en el que se especifica la cuantía de la deuda y la identidad del moroso. Si en un plazo de 20 días el demandado no se opone al requerimiento de pago, el juez dicta una resolución de carácter ejecutivo que basta para iniciar el embargo de sus bienes. La retención de bienes mediante sentencia judicial es la única forma que tienen los acreedores para recuperar lo que se les adeuda y, en general, lo primero que se embarga es el dinero de la cuenta corriente y la nómina, aunque en este último caso, siempre debe dejar al deudor una cantidad correspondiente al salario mínimo interprofesional para garantizar su subsistencia. De cualquier manera, el procedimiento discurre por la vía civil y jamás por la penal, ya que, según establece la ley, nadie puede terminar preso por deudas.

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