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El censo promocional

Hace apenas unas semanas el Instituto Nacional de Estadística anunció la creación para 2003 de un censo promocional realizado a partir del registro de ciudadanos con derecho a voto (34 millones) para su venta a empresas de publicidad y marketing con el objetivo de evitar el tráfico ilegal de datos. En un principio se dijo que recogería el nombre, apellido y domicilio de todas aquellas personas que no expresaran su negativa a figurar en él. Cada elector recibiría en su casa la información sobre el censo promocional y un sobre franqueado con el que podría negarse a aparecer en el listado. Ante la polémica suscitada, responsables del INE aseguraron después que se utilizaría el método contrario, es decir, que sólo se venderían los datos de quienes dieran su “consentimiento expreso”.

Ley de Protección de Datos

Aún no se ha aprobado el reglamento que regulará el censo promocional, pero la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) en la que se creó la figura de este censo, permite llevarlo a cabo con el consentimiento tácito -no el explícito- de los ciudadanos. Se entiende que quienes no se oponen expresamente a la medida, la aceptan. En este caso se cumple el viejo dicho de “quién calla otorga”. Este precepto sirve para todas las fuentes de acceso público.

Según la Ley Orgánica de Protección de Datos tienen la consideración de fuentes de acceso público:

A)El censo promocional.
B)Los repertorios telefónicos.
C)Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan sólo los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo.
D)Los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.

Según esta ley, las fuentes accesibles al público pueden tratar los datos de carácter personal sin el consentimiento del afectado. Además, no tienen obligación de informar al ciudadano si deciden destinarlos a la actividad de publicidad o prospección comercial, como suelen hacer las compañías telefónicas. Es decir, el INE puede vender nuestros datos a las empresas de marketing directo sin pedirnos permiso y éstas pueden llenar nuestros buzones con publicidad personalizada -con nuestras señas, nombre y apellido- siempre y cuando informen en cada carta del origen de los datos, de la identidad del responsable del tratamiento y de los derechos que le asisten. Estos datos suelen aparecer en letra pequeña en la parte inferior de las cartas publicitarias.

Carlos Garrido, jefe del Servicio de Atención al Ciudadano de la Agencia de Protección de Datos, explica, como ya lo hicieron fuentes del Instituto Nacional de Estadística cuando surgió la polémica, que el objetivo es evitar el tráfico ilícito de datos. “Lo que se pretende es que el sector del marketing pueda hacer su trabajo de forma legal y controlada”, comenta. Carolina Codinas, miembro de la Lista Robinson, un servicio que trabaja a través de la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo para reforzar las buenas relaciones entre profesionales del sector y del público en general, asegura que las empresas tienen multitud de métodos -legales- para recabar los datos personales: nombre, apellidos, dirección de los ciudadanos a través de sorteos, tarjetas, bonos de compra, etc. En muchos casos, es el propio interesado quien facilita la información a las empresas.

Resulta muy difícil evitar que estas empresas de mailing y marketing directo manejen los datos personales de cualquier ciudadano. Ahora bien, la Ley Orgánica de Protección de Datos establece una serie de derechos que permiten a las personas intervenir en este proceso. Son los derechos de acceso (preguntar a la empresa responsable qué datos manejan y cómo los han obtenido), rectificación (solicitar que se cambien aquellos datos que son incorrectos) y cancelación (pedir a la empresa que bloqueen sus datos).

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