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Rebajas de invierno

Los descuentos son mayores que nunca debido a las pocas ventas registradas hasta ahora

La presente temporada de rebajas ha servido para poner de manifiesto la familiaridad de los consumidores con el euro y atenuar los efectos de la temida cuesta de enero. La Navidad no ha sido una época especialmente favorable para las ventas y los almacenes han empezado el año repletos de mercancía. Por esta razón, los comerciantes han optado por descuentos que alcanzan hasta un 30%, frente al 25% habitual, y las ventas se han situado casi 9 puntos por encima de las realizadas durante el mismo periodo de 2002.

Abusos y reclamaciónes

En los últimos años, tanto los consumidores como los comerciantes reconocen que el volumen de quejas ha disminuido, aunque, eso sí, hay diferentes dosis de optimismo. Mientras los comerciantes aseguran que “ésta es la época en que menos incidencias se registran”, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revelan que “cada año el consumidor está más informado y consulta menos sobre este tema, pero el número de reclamaciones en 2002 fue aún muy elevado”.

En este sentido, la Ley de Comercio es estricta y exige a los dueños de los establecimientos acatar una serie de normas tales como las referidas a la duración del periodo de rebajas, que debe ser como mínimo de una semana y como máximo de dos meses, o la prohibición de poner a la venta productos deteriorados o adquiridos específicamente con la intención de ser vendidos en esta época.


Asimismo, dicha Ley prevé una serie de sanciones según el tipo de infracción que se cometa. Así, si se deduce que ésta es leve, -no hacer constar el precio habitual del artículo en la etiqueta del mismo o incumplimientos de las obligaciones que marca la Ley-, el comerciante deberá abonar una multa de hasta 3.000 euros. Si, por el contrario, se deduce que la falta es grave -ofertar como rebajados artículos defectuosos-, la multa oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros.

En caso de conflicto, el primer paso es solicitar una hoja de reclamaciones y, si el establecimiento no contara con dicho documento, presentar la queja por escrito, con el sello del comerciante, ante los servicios de consumo provinciales. “También es posible remitir la queja por telegrama con acuse de recibo, enviando una copia a la administración competente en materia de consumo (OMIC, Servicios de Consumo de la comunidad).

Estos incoarán un expediente que finalizará en sanción o no, dependiendo del resultado que arrojen las investigaciones”, explica un portavoz de la OCU.

Si se determina que el comerciante ha incurrido en infracción, la multa no resarcirá al cliente, quien deberá perseguir su indemnización a través de alguna organización de consumidores, “donde se impulsará una mediación entre el comerciante y el cliente, intentando llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”. Si también esta vía falla, se enviará el caso a las juntas arbitrales de consumo, donde se emitirá un laudo con efectos similares a una sentencia judicial, pero con el que se evitan los largos plazos y costes económicos.

El último recurso es acudir a la vía de los tribunales, por lo que el proceso puede alargarse durante varios meses. No obstante, el cliente no debe desanimarse. “Nuestra experiencia nos dice que muchas reclamaciones se solucionan en nuestra asesoría y en las juntas arbitrales de consumo. Por ello, es conveniente reclamar, puesto que el resultado es satisfactorio en un alto porcentaje”, aconsejan en la OCU

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