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Funcionarios de carrera, también pueden perder su empleo

La comisión de faltas disciplinarias muy graves puede separar de su servicio a un funcionario, aunque son situaciones extremas

Todos los ojos están puestos en ellos. En medio de la crisis, cuando el número de parados supera los cuatro millones y gran parte de los ciudadanos teme perder su empleo, las miradas se vuelven hacia los funcionarios. La búsqueda de un trabajo seguro se ha convertido en el objetivo de miles de españoles que desean tener un horario reglado, sin horas extras gratuitas, con vacaciones, días de asuntos propios y, en muchos casos, ayudas sanitarias, para el transporte o para el estudio. Más la seguridad de que su trabajo será para siempre. Ahora bien, la comisión de faltas disciplinarias muy graves puede dar al traste con esta carrera de funcionario, aunque no es una situación habitual.

Por qué un trabajo permanente

La seguridad con la que cuentan los funcionarios de carrera ha propiciado que, con la profunda crisis económica, no sean pocas las voces que se pregunten por qué este grupo disfruta de una estabilidad que resulta casi excesiva en comparación con el resto de los trabajadores.

Las causas son diversas. Uno de los motivos que justifican que un funcionario de carrera no pierda su condición salvo por causas de extrema gravedad son los cambios de Gobierno que, al menos cada cuatro años, se dan en el ámbito estatal, autonómico o local. Si cada vez que se constituye un nuevo Ejecutivo, una Asamblea autonómica o un Ayuntamiento, el nuevo equipo pudiera modificar la plantilla de funcionarios, se podrían dar injustas situaciones de amiguismo, junto con el coste que tendría la renovación periódica de los trabajadores: necesitarían un tiempo para aprender las normas del nuevo empleo, con la pérdida de eficacia que esto supondría para la ciudadanía.

Para que esto no suceda, la Administración ha establecido una serie de criterios objetivos para que todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a un empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que se expresan en la publicidad de las convocatorias y sus bases, en la transparencia, en la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, en la independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, en la adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones que se desarrollan, así como en la agilidad en los procesos de selección.

Con carácter excepcional y según las circunstancias del delito, se puede rehabilitar a un funcionario despedido

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el tiempo invertido y el esfuerzo que realizan las personas que desean acceder a un puesto de trabajo fijo. En ocasiones, los opositores se dedican a tiempo completo y durante años a estudiar para conseguir un empleo como funcionario, por lo que sería injusto que, una vez conseguido, pudieran perderlo por criterios que no fueran los estrictamente establecidos.

LOS FUNCIONARIOS EN ESPAÑA

Más de tres millones de personas trabajan como empleados públicos, lo que constituye en torno a la sexta parte de la población asalariada española. El mayor número de efectivos se encuentra en las comunidades autónomas. El incremento del número de funcionarios autonómicos se debe, entre otras causas, al progresivo traspaso de competencias que han recibido por parte del Estado.

Se calcula que el gasto de personal de las administraciones públicas en 2009 fue de 108.365 millones de euros, de los cuales 33.057 millones se destinaron a los trabajadores estatales, 55.309 millones a las comunidades autónomas y 20.000 millones a los ayuntamientos.

Aunque es frecuente que se les identifique, casi en exclusiva, con el personal administrativo de oficinas, este grupo está integrado por infinidad de profesiones: médicos, enfermeros, periodistas, abogados, jueces, informáticos, arquitectos, limpiadores, bomberos, policías… Éstas son sólo algunas de las numerosas profesiones que pueden desempeñar. También son diversas las categorías por las que puede optar un ciudadano que quiera acceder a la función pública según la titulación que tenga. De acuerdo al ámbito en el que realiza el trabajo, el funcionario puede ejercer sus funciones en la Administración General del Estado, la autonómica o la local, que a su vez pueden crear organismos autónomos, agencias o fundaciones.

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