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Un juzgado madrileño admite a trámite la demanda de Andalucía contra las tabacaleras

La Junta solicita una compensación por los gastos sanitarios provocados por el hábito de fumar

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: martes 26 marzo de 2002
El Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta el pasado 21 de febrero por la Junta de Andalucía contra las tabaqueras Altadis, Phillip Morris, Browns Williams, JT International, Tabacos Canary Island y CITA, con la que pretende obligar a estas seis empresas a correr con los gastos hospitalarios en 2001 de 135 pacientes.

La demanda, primera de una administración europea contra empresas tabaqueras, se basa en la presencia de amoniaco en los cigarrillos de estas tabaqueras, y de mayores niveles de nicotina y alquitrán de los especificados en las advertencias que figuran en las cajetillas de tabaco.

El Juzgado, en un auto fechado el pasado 20 de marzo, estima que los datos y documentos aportados por la Junta y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), incluidos los historiales clínicos de los 135 pacientes, les facultan para iniciar esta acción judicial. Entre estos enfermos hay 92 casos de cardiopatía isquémica, 29 de cáncer de pulmón y 14 de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Con la admisión a trámite de la querella comienza una batería de acciones judiciales para solicitar una compensación a las tabaqueras por los gastos sanitarios provocados por el hábito de fumar. La Junta andaluza pide que la industria afronte el pago de 1,7 millones de euros, que corresponden a los gastos hospitalarios en los que incurrió el SAS en la atención a esos 135 pacientes.

El objetivo principal de la Junta es demostrar que las enfermedades de los pacientes se debieron al consumo de tabaco y que la libertad de elección de los fumadores está limitada por los efectos adictivos de su consumo. Aunque es consciente de que la ley señala que la Administración sanitaria tiene obligación de prestar asistencia en todos los casos, recuerda que, en la financiación de su coste, excluye aquellos casos en los que en la producción del daño a la salud del usuario existe un tercer responsable.

Por su parte, las tabaqueras, que en junio del año pasado se negaron a negociar el pago de compensaciones, siguen insistiendo en que la denuncia carece de fundamento alguno.

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