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Las comunidades autónomas recibirán más de 142 millones de euros para la formación continua

Los beneficiarios de estas ayudas serán aquellos que formen parte de la población ocupada, exceptuando los asalariados del sector público

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  • Fecha de publicación: sábado 9 septiembre de 2006
El Consejo de Ministros ha aprobado una segunda distribución territorial de fondos para formación continua, previamente acordada en la Conferencia Sectorial el pasado 24 de julio, por valor de 142,718 millones de euros, que, sumados a los fondos aprobados en la Conferencia Sectorial del mes de enero, permitirán a las autonomías disponer de 387,991 millones de euros para la realización de acciones formativas destinadas a la población ocupada.

Esta cantidad representa un incremento de 49 millones de euros (14,4%) sobre los fondos territorializados en el año 2005, que ascendieron a 339 millones de euros y de 253 millones (187,4%) sobre los 135 millones de euros de 2004.

Como criterio de distribución se ha tenido en cuenta la población ocupada correspondiente a la media de los tres primeros trimestres de 2005, exceptuando los asalariados del sector público, puesto que la formación de estos trabajadores se financia a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Con esta segunda ampliación, el Gobierno continúa con el compromiso adoptado a mediados de 2004 de avanzar en el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal Constitucional, en materia de gestión de la formación continua por parte de las comunidades autónomas, ya que, como sucediera el pasado año, también en 2006 los fondos para subvenciones de formación han quedado distribuidos al 50% entre el Estado y las autonomías.

Los avances en el cumplimiento de las sentencias no sólo afectan al marco presupuestario, sino también a una serie de modificaciones normativas, en orden a contemplar la participación de las comunidades autónomas en la gestión de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación y en la regulación de los contratos programas, con la delimitación de la distribución competencial entre Estado y Comunidades.

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