Los rectores de las universidades públicas españolas no ven adecuado que exista una doble prueba para acceder a la Universidad, como establece el decreto que desarrolla la Ley Orgánica de Universidades (LOU). En su opinión, se trata de un sistema que complicaría las perspectivas de los alumnos de acceder a los estudios superiores, profundizaría todavía más en las desigualdades entre campus y dificultaría el funcionamiento del Distrito Único.
Hace unos meses, un documento de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae), asumido por la Asamblea General de la Conferencia de Rectores (CREU), recogía dicha postura. Asimismo, en el Consejo de Coordinación Universitaria, los rectores ya expresaron sus puntos de vista al respecto y expusieron los riesgos que para el alumno y para el propio sistema universitario podía encerrar el modelo.
El mencionado decreto fija que el título de Bachiller da derecho a ingresar en la Universidad, pero añade que cada institución podrá establecer «procedimientos» adicionales para seleccionar a sus alumnos. El título de Bachiller se obtiene tras superar la Prueba General de Bachillerato (PGB), más conocida como reválida, que se realiza una vez aprobados los dos cursos de que consta este tramo educativo. En este examen no interviene la Universidad, ya que los tribunales están compuestos por profesores de secundaria.
De esta forma, y de acuerdo a lo acordado en el documento de la Runae, los rectores quieren establecer un sistema coordinado que permita ingresar en la Universidad mediante una sola prueba, la reválida, y en el que exista una mayor ponderación de la nota de las materias relacionadas con la carrera que el alumno quiera cursar. Para ello, la Runae ha convocado una reunión que tendrá lugar el próximo 10 de marzo. Además, y para garantizar que los alumnos acceden a la Universidad con garantías, los rectorados exigen que los profesores universitarios estén presentes en los tribunales encargados de realizar la PGB.
Comprobar las aptitudes
El decreto establece pruebas específicas, que ya existen ahora, para los estudios de Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Traducción e Interpretación. Se trata de comprobar las aptitudes de los candidatos a cursar estos estudios y en nada interviene la nota, ya que un aspirante con la máxima calificación puede quedar fuera de estas titulaciones. Los rectores aceptan este precepto sin ningún reparo. Se da la circunstancia de que sólo en estas carreras se pueden dejar plazas de reserva para la siguiente convocatoria, lo que no se produce en ningún otro caso, aunque los primeros borradores del texto si lo permitían.
El Gobierno se ha reservado también la posibilidad de que se establezcan pruebas complementarias, con carácter nacional en los casos en que el interés general lo recomiende. Pese a no citar casos concretos, las miradas se dirigen hacia las Ciencias de la Salud, fundamentalmente hacia Medicina, donde existen recomendaciones de restringir el acceso para garantizar la formación de especialistas. Los rectores tampoco están de acuerdo con esta fórmula, porque entienden que se podía extender a otros títulos.
El Ministerio de Educación resta importancia a la postura de los campus e incluso asegura que está dispuesto a apoyarla. Advierte de que, en todo caso, el nuevo sistema no entrará en vigor hasta el curso 2005-2006 y apela a la autonomía universitaria para justificar su decisión, aunque se muestra abierto al diálogo. Asegura también que son muy pocas las carreras en las que existe mayor demanda que oferta y, por tanto, argumenta que las pruebas específicas afectarán a un número reducido de titulaciones. Insiste en que la normativa no obliga, sino que permite, el establecimiento de las referidas pruebas complementarias.
