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A partir del 13 de agosto quedará prohibido abandonar aparatos eléctricos y electrónicos

Los consumidores deberán depositarlos en los lugares establecidos para ello

  • Autor: Por
  • Fecha de publicación: viernes 29 julio de 2005
El próximo 13 de agosto entrará en vigor el Real Decreto sobre Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), cuyo objetivo es impedir el vertido de sustancias tóxicas y reutilizar los componentes aprovechables de estos artículos.

Esta normativa, basada en el principio de "quien contamina paga", establece que la gestión adecuada de este tipo de residuos es responsabilidad de los fabricantes e importadores de AEE. Pero los consumidores estarán obligados a desprenderse de sus aparatos eléctricos y electrónicos en los lugares establecidos para ello, quedando expresamente prohibido el abandono o vertido incontrolado.

Precio final

El mencionado decreto prevé, además, la obligación de que en la factura se informe a los usuarios sobre la repercusión en el precio final de los costes de gestión de los aparatos existentes en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 (residuos históricos). Sin embargo, algunos distribuidores han manifestado su intención de no hacerlo, con la excusa de que sus sistemas informáticos no están preparados para aceptar una facturación desglosada.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalan que esta negativa vulnera el derecho a la información de los ciudadanos y compromete uno de los objetivos fundamentales de la norma: concienciar al usuario sobre el coste de eliminación de este tipo de residuos.

Por su parte, la Fundación Ecolec considera que no desglosar al usuario el coste de la gestión de los residuos "distorsiona la necesaria transparencia del proceso, dificultando su control y facilitando la posibilidad de que algunos distribuidores apliquen su margen comercial sobre este coste".

Según José Ramón Carbajosa, director general de Ecolec Fundación (Sistema Integrado de Gestión para el Reciclado de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos), "que la distribución no pueda desglosar al usuario el coste de repercusión de la gestión de los residuos, distorsiona la necesaria transparencia del proceso, dificultando su control y facilitando la posibilidad de que algunos distribuidores apliquen su margen comercial sobre este coste. Ello podría generar a la distribución unos ingresos atípicos y éticamente muy dudosos de unos 90 millones de euros, que por supuesto están saliendo del bolsillo de los consumidores".

Por otra parte, tanto Ecolec como OCU lamentan que la Administración no haya realizado ninguna campaña informativa con ocasión de la entrada en vigor de este real decreto.

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